Junta defiende el "impulso político y económico" para desarrollo de la ley frente a las críticas de "lentitud"

Manuel Jiménez Barrios
EUROPA PRESS/PARLAMENTO/ARCHIVO
Actualizado: jueves, 3 mayo 2018 11:50

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha defendido este jueves el "impulso político y económico" que el Gobierno andaluz ha dado para el desarrollo de la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática durante su primer año de vigencia y ha garantizado que se trabajará para "ir más rápido" y agilizar procedimientos.

Durante su comparecencia en comisión del Parlamento andaluz, Jiménez Barrios ha señalado, después de que Podemos e IULV-CA denunciaran la "lentitud" en el desarrollo de la ley, que sí se podría "haber ido más rápido", pero que los procedimientos son los que son y una vez que se ha tenido este primer año de aprendizaje y experiencia ante esta materia, se trabajará para agilizarlos.

Jiménez Barrios ha defendido que Andalucía va a avanzando, en materia de memoria histórica, como nadie lo hace en este país. Ha recalcado que en este primer año de la ley se ha hecho un trabajo intenso, que arroja un balance bastante "satisfactorio".

Ha recordado que las partidas presupuestarias destinadas a esta política se han incrementado en un 73%, al haber pasado de 668.000 euros para 2017 a 1.156.000 euros para 2018, y que tan solo para intervenciones en fosas se han incrementado estos recursos en más de un 150%, "lo que refleja, sin duda, nuestro compromiso con la recuperación de la memoria", ha indicado.

Ha desgranado los pasos que se han dado para garantizar el pleno desarrollo de la Ley de Memoria y ha adelantado los próximos que se darán como la próxima aprobación del proyecto de decreto por el que se crea y regula el Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

El vicepresidente ha avanzado que se ha iniciado la tramitación del decreto sobre Símbolos y Actos Contrarios a la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que "fijará el procedimiento para llevar a cabo la retirada de estos con todas las garantías, adelantándonos a las demás comunidades autónomas". A este respecto, ha indicado que la Consejería de Educación ha creado una comisión técnica de expertos que concluirá con la tarea de identificación y de eliminación ya iniciada.

Asimismo, ha indicado que también está avanzado el Decreto que regula el Registro de Entidades de Memoria Democrática de Andalucía que se encuentra en el preceptivo trámite de consulta pública previa a la elaboración de normativas. Jiménez Barrios también ha recordado el acuerdo de Consejo de Gobierno para la formulación del Plan Andaluz de Memoria Democrática, cuya propuesta inicial ha sido consensuada con las Consejerías involucradas, y que detallará con carácter cuatrienal los objetivos, estrategias y acciones de la política de Memoria Democrática a desarrollar por el Gobierno andaluz.

En cuanto a las actuaciones en fosas, el vicepresidente ha hecho hincapié en el "impulso indudable" que supone la licitación, actualmente en marcha, del contrato por 500.000 euros para la indagación e investigación, localización, delimitación, exhumación y estudio antropológico de víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista en fosas ubicadas en la región andaluza. Según ha indicado, se trata de una iniciativa que constituye una continuación al "intenso trabajo" desarrollado, desde el inicio de la presente legislatura, con más de 40 intervenciones y en torno a 450 cuerpos recuperados de víctimas de la guerra civil y la dictadura.

A este respecto, ha incidido en la "intensa actividad" llevada a cabo en 2017 en fosas con un total de 24 intervenciones de localización y exhumación, o de identificación genética, y con 104 cuerpos localizados o recuperados a día de hoy. Ha avanzado que se van a iniciar, de manera inminente, actuaciones en otros municipios como Colmenar (en Málaga), además de la fase de exhumación prevista para la fosa de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando de Sevilla, al amparo del convenio suscrito entre Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla y Diputación de Sevilla.

"LENTITUD" EN DESARROLLO DE LA LEY

El diputado del PP-A Amós García ha alertado de que la creación de organismos puede desvirtuar los objetivos de la ley y ha abogado por que se evite una sobrecarga de personal externa. Ha señalado que lo realmente importante es reparar el daño de las víctimas y de sus familias.

El parlamentario de Podemos Jesús De Manuel ha criticado la "lentitud" en la ejecución y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática y ha considerado que no se están cumpliendo las expectativas de la norma, que está avanzando demasiado despacio. Ha reclamado más presupuesto para que de verdad se puedan poner en marcha todas las medidas que permitan devolver la dignidad a las víctimas del franquismo. Ha indicado que aún sigue habido "atentados a las memoria", como el hecho de que el general Gonzalo Queipo de Llano siga enterrado en la Basílica de la Macarena de Sevilla o en lo relativo a algunos nombres de calles.

El diputado de Ciudadanos Julio Díaz ha manifestado que es muy positivo que se firmen convenios con las universidades para la cuestión de la identificación del ADN tras la exhumación de los restos y ha puesto en valor que se constituya el Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2020, porque es "muy ambicioso" y habrá que ir evaluándolo convenientemente.

Por su parte, el portavoz de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha indicado que su partido no pone en modo alguno en cuestión el valor de la Ley, sino el ritmo de su aplicación y desarrollo, que está siendo "lento". Por ello, ha pedido una aplicación más rápida de la norma y el incremento del presupuesto.

La diputada del PSOE-A Ángeles Férriz ha indicado que la Ley andaluza sobre Memoria es "más ambiciosa" que la estatal y cubre las lagunas que ésta dejaba. Ha señalado que uno de los pasos más importantes es que en las aulas andaluzas se va a poder estudiar la memoria. Ha indicado además que la derecha no apoyó en su día la ley andaluzas porque hacer justicia con las víctimas del franquismo "no va" con el PP.