SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha reclamado este jueves que "las urnas se abran en este país cuanto antes" después de que en esta jornada el Tribunal Supremo haya condenado a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la causa judicial que se seguía contra él por un delito de revelación de secretos en el marco, a su vez, de un procedimiento abierto por un delito fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En una nota de audio remitida a los medios de comunicación, la consejera y portavoz ha sostenido que esa convocatoria electoral sería la fórmula para acometer "una regeneración política y también institucional" al argumentar que "el desgobierno de Sánchez ha llevado a este país a un deterioro del Estado de Derecho", que ha calificado de "sin precedentes".
España, quien ha considerado que "nadie puede entender a esta hora que el fiscal general resista en su cargo un minuto más", ha instado seguidamente al presidente del Gobierno a que "le pida que abandone".
La consejera y portavoz ha sostenido para que se produzca esa reacción de Sánchez que "no tuvo ningún problema en proclamar su falsa inocencia", por lo que seguidamente ha reclamado que sea el propio presidente del Gobierno "quien tiene que disculparse", además de instarle a "poner orden" y a "marcharse él también".
Tras apelar a la situación actual del PSOE de Andalucía del que ha apuntado que "cuando no sabes irte te echan", España ha sostenido que " los gobiernos no están para crearles problemas a la gente, sino para solucionarlos" y ha inferido en este escenario que "Sánchez ha llegado al punto de ser ya un problema para España".
Este mismo jueves, horas después de que se diera a conocer el fallo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado en una breve declaración institucional que en los próximos días el Ejecutivo iniciará el mecanismo legal para nombrar al sucesor de García Ortiz.
Bolaños ha manifestado que, aunque "el Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo", tiene el "deber moral" de decir públicamente que no lo comparte.
Ha reiterado que desde Moncloa "siempre" han creído y defendido "la inocencia" del jefe del Ministerio Público, a quien le ha reconocido su "compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad".