La Junta rechaza la proposición de ley de Por Andalucía sobre acoso escolar por "ya existir un marco operativo"

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha manifestado este miércoles su criterio desfavorable a la toma en consideración de la Proposición de Ley 13-26/PPL-000002 presentada por el Grupo Parlamentario Por Andalucía relativa al acoso y ciberacoso escolar en los centros educativos de Andalucía, así como su disconformidad con su tramitación parlamentaria.

En una nota remitida por el ejecutivo andaluz, ha asegurado que la iniciativa "resulta innecesaria al existir ya un marco normativo plenamente operativo". Asimismo ha señalado que "incurre en una deficiente técnica legislativa, entorpecería la labor del profesorado con más burocracia e implicaría un incremento presupuestario anual de alrededor de 2.000 millones de euros".

La Junta ha asegurado que la protección del alumnado frente al acoso y el ciberacoso "ya se encuentra estrictamente garantizada por un amplio desarrollo legal y reglamentario". En este sentido ha citado la Ley Orgánica 8/2021 de protección a la infancia, la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía (LEA), los reglamentos orgánicos de los centros (decretos 327/2010 y 328/2010), la Orden de 20 de junio de 2011 y las instrucciones de 2023 sobre el uso de móviles en las aulas.

Asimismo, ha defendido que este marco jurídico "ha sido adaptado recientemente" mediante el Decreto 483/2026, de 31 de agosto, que refuerza la medida disciplinaria de cambio de centro del alumnado responsable de conductas de acoso en los institutos de Educación Secundaria, así como la comunicación desde la primera alerta a la Inspección Educativa.

"Esta actuación dota a los centros docentes andaluces de instrumentos aún más eficaces para preservar el clima escolar y aportar mayor seguridad jurídica a las direcciones", ha remarcado la Junta.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha afirmado que "pretender elevar a rango de ley medidas y aspectos ya están contempladas en normas de carácter reglamentario resulta ser una deficiente práctica legislativa". Por consiguiente, el Gobierno andaluz entiende que "mantener el carácter reglamentario actual es la opción más conveniente, ya que aporta la flexibilidad necesaria para adaptar la normativa con rapidez a los cambios sociales".

Por otro lado, ha defendido "un marco normativo más amplio, en el que no se aborde el acoso y el ciberacoso sólo desde una perspectiva escolar, sino que deben tenerse en cuenta todas aquellas situaciones que afectan a la convivencia, dentro y fuera del contexto educativo, tales como los casos de violencia de género, maltrato, agresiones o conductas de índole similar".

"GENERARÍA MÁS BUROCRACIA"

La Junta ha indicado que la proposición de ley "genera nuevas cargas administrativas innecesarias para docentes y equipos directivos". "La propuesta les atribuye funciones que excederían claramente sus competencias, como la asistencia directa a las víctimas para retirar contenidos nocivos o tramitar denuncias ante plataformas y autoridades", ha explicado.

En esta línea, ha señalado que la elaboración de un Plan Individualizado de Recuperación Integral "supone una sobrecarga administrativa que no aporta ninguna novedad respecto a las herramientas vigentes, como los protocolos de Acoso y Ciberacoso o los planes de Convivencia".

El ejecutivo andaluz también ha criticado la propuesta de crear la figura de la persona Coordinadora de Convivencia Escolar, que debe ser un empleado público no docente ni miembro del equipo directivo. El Gobierno andaluz discrepa de este criterio al considerar que esta función "exige una vinculación diaria y técnica con la realidad escolar, cualidad que ostentan de forma idónea los docentes del centro".

"Designar a personal ajeno no sólo resulta ineficaz, sino que implica un impacto económico desmedido dado que incorporar un empleado público no docente en cada centro supondría un coste superior a los 282 millones de euros anuales consolidables, una partida que, además, no ha sido cuantificada en la memoria económica que acompaña a la proposición de ley", ha subrayado.

Por otro lado, la Junta ha asegurado que la propuesta de crear de una nueva asignatura obligatoria de Educación Emocional y en Valores Democráticos "evidencia un claro desconocimiento del currículo vigente en Andalucía".

"La inteligencia emocional, la igualdad, el respeto a la diversidad y la prevención del acoso son principios transversales que ya impregnan todas las materias del sistema educativo andaluz. Asimismo, la medida incurre en un vicio de competencia, ya que fijar asignaturas obligatorias es atribución del Estado y no de la comunidad autónoma. A ello se suma un impacto económico estimado en 150 millones de euros adicionales para cubrir la contratación del nuevo profesorado necesario", ha aseverado.

Asimismo, el ejecutivo andaluz ha señalado que la intervención con el alumnado agresor "incurre en la misma duplicidad, ya que las actuaciones en este ámbito están plenamente fijadas en los reglamentos orgánicos de los centros y en la normativa vigente de convivencia escolar".

"A esta deficiencia técnica, que insiste en subordinar una ley a normas de rango inferior, se le añade una importante repercusión económica, ya que la atención al agresor exigiría la contratación de un volumen de profesionales incluso mayor que el destinado a la víctima, lo que supondría un sobrecoste superior a los 280 millones de euros adicionales, un importe omitido en la proposición de ley", ha expresado.

Sobre la propuesta de coordinación interinstitucional, la iniciativa "vuelve a plantear medidas que ya se desarrollan en el funcionamiento ordinario de la Consejería de Educación". Asimismo, ha señalado que la incorporación de perfiles no docentes como psicólogos educativos, educadores sociales, profesionales de psicoeducación, enfermeros o Personal Técnico de Integración Social (PTIS) "evidencia una clara desconexión con sus funciones reales".

"Un ejemplo claro es el propio personal PTIS, cuyos cometidos están acotados por convenio a la autonomía del alumnado con necesidades especiales, no a la intervención en acoso o ciberacoso", ha afirmado.

"A juicio del Gobierno andaluz, resulta incoherente que la memoria económica de la proposición de ley asegure que la norma no tendrá impacto presupuestario en 2026. Extender esta plantilla a los más de 3.500 centros públicos andaluces asignando tan solo un profesional de cada categoría por colegio o instituto generará un sobrecoste de al menos 1.250 millones de euros anuales consolidables", ha concluido la Junta.