SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carzo, urge al Gobierno central a convocar la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía para negociar algunos artículos del decreto ley de viviendas irregulares que el Gobierno central entiende que invade sus competencias en materia de costas, una reunión que la consejera defiende "debe ser técnica y jurídica y no política", porque "debemos sacar este asunto de la batalla política".
Así lo ha indicado Carazo en comisión parlamentaria, donde ha destacado que "desde el primer minuto se pusieron a buscar una solución a una situación insostenible" y "lo hicimos con espíritu de diálogo en todas nuestras actuaciones", ha destacado, para añadir que "es un decreto provisional y participará de la nueva Ley andaluza de suelo". "Este Gobierno cumple sus promesas y logró llevar al Parlamento un decreto ley de viviendas irregulares que para nada es una amnistía y que supone un gran avance porque da respuesta a más de 300.000 familias afectadas", ha subrayado.
Ha añadido que el Gobierno andaluz "ha creado dos grupos para ayudar a los municipios en la redacción de los planes especiales y para hacer un seguimiento del decreto ley de viviendas irregulares para ver su aplicación y, si se puede, mejorarlo", toda vez que ha indicado que "desafortunadamente, mientras este Gobierno trabaja con los ayuntamientos y afectados iniciando la aplicación del decreto, el Gobierno de Pedro Sánchez intentó pararnos lo pies y envió una carta en la que planteaba un conflicto de competencias que podría derivar en un recurso por afección a la Ley de Costas", al tiempo que "nos planteó una reunión urgente".
"No se puede paralizar la aplicación de este decreto porque no hay razones para ello", ha afirmado Carazo, que subraya que este decreto "sigue vigente", que el Gobierno andaluz "confía en el contenido" del mismo y que "en ningún momento hemos querido invadir competencias que no son las nuestras". "En las apreciaciones de la carta el Gobierno central no ha tenido en cuenta otras leyes vigentes que en nuestra comunidad cubren las dudas que se plantean sobre parte del articulado", ha añadido.
De este modo, Carazo ha pedido que esta reunión se celebre "lo antes posible", para añadir que tiene que ser "una reunión técnica y jurídica y no política". "La solución a este problema no ha de ser política, saquemos esta asunto de la batalla política", porque "no se le puede poner la zancadilla a una norma tan esperada que afecta a tantos andaluces".
"El Gobierno central no puede hacer rehenes de una batalla política a las más de 300.000 familias afectadas", ha insistido la consejera de Fomento, que ha subrayado que "confía" en que la reunión con el Estado "pueda celebrarse lo antes posible" --tienen de plazo hasta el próximo 20 de junio-- y de esta forma el decreto "se aplique con absoluta normalidad". "Deseo que esta reunión se produzca cuanto antes para aclarar dudas al Gobierno central en la mesa bilateral, dudas que han alarmado a los afectados que habían visto un resquicio de esperanza", añade.
Por su parte, la diputada socialista María Márquez ha reprochado a Carazo que hable de diálogo y le pregunta si ha negociado el decreto con alguien previo a llevarlo al Parlamento "para que no hubiera problemas con el Gobierno central, ya que si no reúne los requisitos técnicos va a ir al Tribunal Constitucional y no vamos a poder dar respuesta", al tiempo que la acusa "de intentar usar los ayuntamientos para confrontar con el Ejecutivo central". "Debería tratar mejor" al Gobierno de Sánchez, afirma, y subraya que desde el Gobierno socialista "hay la mejor intención con este decreto", pero "sabe que tiene muchas dudas y muchas lagunas legales".
Desde Adelante Andalucía, la diputada María del Carmen García Bueno ha apuntado que "el gran reto es ser capaces de evitar que vuelvan a construirse viviendas irregulares", para añadir que Andalucía "tiene la necesidad de hacer un debate profundo sobre este tema", que supone "un coste grave y un grave problema de ordenación del territorio y conservación del medio ambiente", al tiempo que ha mostrado su "alegría" por que después del decreto "venga a esta Parlamento una proposición de ley".
VOX CRITICA QUE EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ "PONGA PALOS EN LA RUEDAS"
Alejandro Hernández de Vox ha criticado que el Gobierno de Sánchez "ponga palos en las ruedas a todas las comunidades que no sean socialistas", para señalar que además el decreto "no está funcionando" porque "muchos ayuntamientos de izquierda no están colaborando", ya que "ni siquiera la posibilidad de cobrar jugosas tasas los disuade de esta política sectaria puesto que no piensan en el interés general". Además, considera "fundamental traer lo antes posible al Parlamento el proyecto de ley e intentar que nos dotemos de una texto nuevo que evite este tipo de situaciones".
El diputado de Ciudadanos Juan de Dios Sánchez ha agradecido a Carazo que haya "transmitido tranquilidad" en esta comisión porque el decreto "está vigente" y ha criticado que el Gobierno central "se empeñe cada vez que puede en poner palos en las ruedas al Gobierno andaluz", mientras que desde el PP Juan Bueno ha calificado de "acierto" este decreto, "una buena noticia para las más de 300.000 familias que sufrían este problema enquistado" y unas medidas "buenas que no tienen que ver con ningún tipo de amnistía y respetuosas con el medio ambiente".
