La Ley Universitaria supera el debate de totalidad en el Parlamento andaluz con rechazo a las enmiendas de la izquierda

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) ha superado este miércoles su debate de totalidad en el Pleno del Parlamento, donde PP-A y Vox han rechazado las enmiendas que contra dicha iniciativa habían presentado los grupos de oposición de izquierda, esto es, Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía. De esta manera, el proyecto continuará su tramitación en comisión.

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha intervenido en el Pleno en defensa del proyecto de ley que busca "definir un modelo de universidad que combine excelencia académica y compromiso social, internalización e impacto en el territorio, regulando la docencia, la investigación y la transferencia como pilares fundamentales".

Ha agregado que esta ley "se asienta sobre los principios de la equidad, la sostenibilidad, la digitalización y el compromiso con el entorno, con la universidad como motor de transformación económica y social de Andalucía".

La nueva norma sustituirá al actual marco legal, que data de 2013, y, en materia de estudiantado, reconoce por primera vez mediante ley el derecho de los alumnos a acceder a un sistema de bonificación de los precios de las matrículas.

Además, recoge la exigencia del B2 en la acreditación de un idioma extranjero para la obtención de un título oficial universitario y para el acceso del profesorado a las categorías de ayudante doctor y contratado doctor.

También la norma incorpora, por primera vez, "la necesidad de fomentar el acceso a la vivienda y a las residencias de los estudiantes a través de programas de actuación conjunta de las universidades", y "garantiza por ley la movilidad internacional de los universitarios a través de los programas de ayudas y becas al estudio que oferten las instituciones académicas públicas y estén financiados por la Junta".

Asimismo, se fijan medidas para "asegurar la cobertura inmediata de la docencia cuando exista una vacante y en tanto se realiza el proceso administrativo de contratación de nuevos docentes, y se amplían las funciones del Consejo Asesor de Estudiantes".

Otro de los aspectos en los que profundiza el texto es el impulso a la formación continua, con el reconocimiento de títulos propios de las universidades y microcredenciales. Por primera vez, la Junta tendrá en cuenta estas titulaciones en los concursos que realice.

En lo que respecta a la internacionalización, se establece la creación de una estrategia que atenderá a cuestiones "relacionadas con la investigación y la captación del talento", y se apunta a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) como "pieza clave de esa línea de trabajo".

ESTABILIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

Para "favorecer la retención del talento y dar estabilidad a la carrera académica del profesorado", el documento incorpora diversas medidas como la limitación del "uso indebido" de la figura de profesor sustituto interino.

Igualmente, "se flexibilizan las condiciones para compatibilizar la actividad que desempeña en su universidad el personal docente e investigador (PDI) con las iniciativas de transferencia del conocimiento y de perfeccionamiento de su formación".

En cuanto al personal técnico, de gestión y de administración y servicios (Ptgas), se regulan en la nueva ley los derechos a la promoción y la carrera profesional, a la formación, la movilidad y a las retribuciones.

FINANCIACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO

En el articulado de la ley también se determina la disposición de un modelo de financiación común para el conjunto de las universidades públicas, revisable cada cinco años, "respaldando así tanto los principios como la estructura que sustentan el actual modelo acordado por unanimidad con los rectores".

En el ámbito de la gestión universitaria, uno de los aspectos más relevantes es que se regulan, por primera vez, los campus universitarios, mientras que, por otro lado, se refuerzan las funciones de los consejos sociales en la captación de fondos, se garantiza su financiación a través del modelo de financiación, se incluyen mayores exigencias de transparencia y objetividad en sus actividades y se crea el Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios.

En materia de coordinación, se crea el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria para ampliar la representación del actual Consejo Andaluz de Universidades. También se fija la puesta en marcha de un Observatorio de Datos, que será un sistema integral de información y una herramienta necesaria para la aplicación del modelo de financiación del sistema público.

CONTROL DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS

Por otro lado, el proyecto de ley aumenta los requisitos para la creación y funcionamiento de las instituciones académicas privadas en Andalucía, con el objetivo de "reforzar la calidad y excelencia del sistema universitario y de asegurar la prestación de este servicio público". Entre las exigencias, se requerirá que los promotores y gestores de las iniciativas dispongan de una "trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior".

Asimismo, se propone que las entidades tengan que reservar un 3% de sus ingresos anuales a programas de becas y ayudas al estudio y destinar un 5% a planes propios de investigación. También será necesario acreditar solvencia económico-financiera y garantizar las infraestructuras y el personal adecuados para el ejercicio universitario, y se impondrá a estas instituciones la obligación de disponer de órganos de representación del estudiantado.

Por otro lado, para la creación de estos nuevos proyectos privados, la LUPA recoge, entre las exigencias, que esas entidades garanticen la implantación progresiva de mecanismos para facilitar la incorporación de los egresados al mundo laboral. Además, la norma impone un periodo de cuatro años para volver a presentar una solicitud a aquellos promotores cuyos proyectos hayan sido denegados.

ENMIENDAS DE TOTALIDAD

En defensa de las enmiendas de totalidad presentadas han intervenido en este debate, por parte del PSOE-A, su diputado Antonio Ruiz, quien ha sostenido que esta ley es "sesgada, recentraliza y debilita la autonomía universitaria", además de que, "con la que está cayendo, desatiende el problema crítico de la vivienda del estudiantado", y "llega incompleto y con prisa", sin "informes claves" como el del Consejo Económico y Social de Andalucía, según ha agregado.

Por su parte, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha opinado que este proyecto de ley "agrava algunos de los problemas" a los que se vienen enfrentando las universidades públicas andaluzas, por lo que "tiene margen de mejora" que se podría acometer con las enmiendas parciales de los grupos durante su tramitación parlamentaria, que debería ser "por la vía ordinaria" y no con la urgencia por la que se ha decantado el Gobierno andaluz, ha apostillado.

Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sostenido que esta ley es "injusta, ineficaz, privatizadora" y que "va contra el propio espíritu fundacional del concepto de universidad", por lo que ha justificado su enmienda de totalidad contra la misma.

DEFENSA DE LA LEY

En defensa de la ley ha intervenido en este debate el diputado del PP-A José Carlos García, quien ha sostenido que es una norma "necesaria" que protege la autonomía de las universidades y "blinda" su financiación.

Por su parte, el diputado de Vox en Andalucía Alejandro Hernández ha asegurado que, aunque "no nos gusta la ley andaluza, nos gusta menos la LOSU, el modelo de universidad que socialistas y comunistas quieren traer a España y Andalucía".

Ha defendido que "creemos que debe haber una sola ley universitaria, y no 17 modelos distintos de universidad" al tratarse de "una institución nacional que debe responder a un marco común", pero ha considerado que "el texto de la Junta corrige poco y complica mucho".