Maeztu pide a Educación que en la admisión en los conservatorios se reserve un cupo de plazas a alumnos con discapacidad

 Jesús Maeztu, en Granada
EUROPA PRESS
Actualizado 05/11/2017 11:24:40 CET

SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Defensor del Pueblo, dirigida por Jesús Maeztu, ha emitido una resolución en la que pide a la Consejería de Educación que promueva la modificación de los decretos que establecen la ordenación y el currículo de las enseñanzas elementales de música y danza, para que se incluya la obligación de los conservatorios de adaptar las pruebas de acceso del alumnado con discapacidad, y además se contemple en los procesos de admisión la reserva de un cupo de plazas específicas para dichos alumnos.

Así, en dicha resolución, consultada por Europa Press, la Defensoría sugiere que se promueva la modificación de los Decretos 240/2007 y 241/2007, ambos de 4 de septiembre, por los que se establece respectivamente la ordenación y currículo de las enseñanzas profesionales de música y danza en Andalucía; y de los Decretos 16/2009 y 17/2009, ambos de 20 de enero, por los que se establece respectivamente la ordenación y el currículo de las enseñanzas elementales de música y danza.

En este sentido, el Defensor recuerda que abundan los textos legales que reconocen el derecho a la igualdad de oportunidades, a la no discriminación y a la accesibilidad universal del alumnado con discapacidad al sistema educativo. Así, menciona la Ley de Educación (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo), y en el ámbito andaluz, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación, obliga al sistema educativo público a garantizar el acceso y la permanencia en el mismo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (artículo 113).

De este modo, apunta que para garantizar tanto el acceso como la permanencia del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en las distintas enseñanzas las administraciones educativas, dando cumplimiento a los mandatos legales, vienen poniendo en práctica un conjunto variado de medidas, de las que resultan ser más efectivas y, por tanto, más comunes, aquella consistente en la reserva de un determinado número de plazas para estos alumnos, y las adaptaciones a las pruebas de aptitud para acceder a dichas enseñanzas cuando ello sea necesario.

Pues bien, la Institución del Defensor indica que en Andalucía, ocurre que las normativa reguladora de las enseñanzas elementales y profesionales de música y danza no contempla un cupo de reserva específico para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo ni tampoco establece singularidad o especificidad alguna con la posible adaptación de las pruebas de acceso a las necesidades específicas o características del alumnado.

En consecuencia explica que solicitó a la Administración un informe sobre las distintas actuaciones e iniciativas emprendidas para modificar la actual normativa reguladora, y señala que en su respuesta la Junta "puso de manifiesto que si bien era cierto que de forma específica no se determinaban adaptaciones concretas para el acceso a estas enseñanzas, desde la Consejería de Educación se hacía un gran esfuerzo para apoyar debidamente a este alumnado".

A estos efectos, añade que se aprobó por parte del Parlamento de Andalucía una Proposición no de Ley que instó al Consejo de Gobierno a establecer los mecanismos necesarios para la autorización al Conservatorio Profesional de Música 'Maestro Chicano Muñoz', de Lucena (Córdoba) del proyecto de integración de alumnado con discapacidad 'Musintégrate', que tiene como objetivo acercar las enseñanzas de música al alumnado con discapacidad, y que consiste tanto en la adaptación de las pruebas de acceso, como en una reserva de plazas, una iniciativa que el Defensor valor "muy positivamente".

Por otra lado, Maeztu indica que el organismo educativo señala que se requiere una capacitación específica en la formación inicial del profesorado para el ejercicio de la docencia en las enseñanzas de música para alumnado con discapacidad, profesorado que además deben contar con unos conocimientos psicopedagógicos y estrategias didácticas que requieren formación específica.

Por ello, añade, "la consejería se ha mantenido en la línea de impulsar y apoyar propuestas de algunos centros, sin que se estime que pueda ser una acción que, de momento, se emprenda con carácter general a todos los conservatorios de Andalucía".

Según el Defensor, dicho informe concluye señalando que estos programas innovadores "deberán ser evaluados por la Administración educativa para verificar la idoneidad de la prueba de acceso y el progreso efectivo de este alumnado", y que una vez efectuada esta evaluación, y sobre la base de las conclusiones obtenidas, "se procederá a valorar la posible modificación de la norma correspondiente".

CONSIDERA ESTAS ACCIONES "INSUFICIENTES"

Pese a todo esto, el Defensor considera que estas acciones "no son suficientes", y que las medidas de acción positiva que se plasman en los mencionados proyectos "deben hacerse extensivas a todos los conservatorios ubicadas en la comunidad para dar cumplimiento a la normativa ya citada", y dice que aunque "es consciente de los retos a los que deben enfrentarse los profesionales", esto "no puede justificar la inexistencia en la práctica totalidad de los conservatorios andaluces de las acciones y medidas", necesarias para "dar cumplimiento a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación".

Por último, la Defensoría indica que la normativa reguladora de las enseñanzas datan del año 2007 en el caso de las enseñanzas profesionales y del año 2009 en el caso de las enseñanzas elementales, por lo que, habiendo transcurrido diez y ocho años respectivamente desde su entrada en vigor, "consideramos que ha pasado un tiempo más que prudencial para que las acciones que reclamamos se hayan extendido con carácter general a todos los conservatorios andaluces", concluye.