La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada insiste que el expediente cuenta con el visto bueno de los técnicos municipales, incluido el denunciante
GRANADA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto (PP), mantiene su confianza en que todos los informes técnicos y jurídicos de la tramitación del expediente de la urbanización del parque existente junto al centro comercial y de ocio El Serrallo "se ajustan a la legalidad".
Así responde Nieto, en un comunicado, después de que la Fiscalía de Granada haya solicitado que la concejal de Urbanismo preste declaración como imputada en la causa abierta en relación con la operación que permitió la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital, junto al centro comercial Serrallo Plaza. El fiscal le atribuye supuestos delitos de prevaricación y prevaricación urbanística, al considerar que a lo largo de la instrucción han aparecido datos de los que se derivan su "participación consciente y voluntaria" en las conductas que se están investigando.
Nieto hace hincapié en que en la tramitación de los expedientes han intervenido más de veinte trabajadores municipales de diferentes servicios del Ayuntamiento de Granada y todos, con alta cualificación, son coincidentes en que la tramitación "se ajusta a la ley", por lo tanto "no tengo por qué dudar de que todo ha estado correctamente tramitado".
La petición de la Fiscalía aún no ha sido resuelta por el juzgado que investiga el caso denunciado por un particular. Se de la circunstancia, en palabras de Nieto, que el denunciante fue el máximo responsable del área de Urbanismo durante la tramitación del expediente urbanístico y "en ningún momento puso objeción alguna al mismo".
De hecho, según mantiene la edil, no consta en el expediente urbanístico informe negativo alguno por parte de los técnicos del área de Urbanismo del Ayuntamiento ni por el denunciante, que eran, "en definitiva, los responsables de velar por que las actuaciones se ajustasen a la legalidad vigente".
