La Oficina andaluza Antifraude recibió 972 denuncias en 2024, abrió 590 investigaciones y trabaja en un código ético

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción recibió a lo largo del pasado año 2024 un total de 972 denuncias sobre "posibles infracciones normativas", de las que 428 se presentaron de forma anónima, y abrió 590 procedimientos de investigación en el mismo ejercicio, a la vez que ha venido trabajando en la elaboración de un "código ético".

Así se desprende de la memoria anual del referido ejercicio 2024 de esta oficina, consultada por Europa Press, y en la que se reivindica que, en su tercer año de funcionamiento, este órgano vinculado al Parlamento andaluz "se ha consolidado como institución de referencia en la promoción de la integridad y la prevención del fraude y la corrupción en Andalucía".

De esta manera, desde la Oficina Antifraude valoran los "logros destacados que reflejan la madurez alcanzada" por la entidad y "su capacidad para generar un impacto positivo en la sociedad", así como indican que encara el actual año 2025 como "una oportunidad para seguir afianzando el impacto de su actuación en la prevención del fraude y la corrupción en Andalucía de acuerdo con lo establecido en el marco temporal de su plan estratégico".

La memoria de 2024 constata un "importante crecimiento" en el número de comunicaciones recibidas respecto a 2023, hasta las referidas 972 denuncias, si bien apostilla que ese incremento "no tiene que traducirse automáticamente en un incremento proporcional de las irregularidades o prácticas fraudulentas", sino que "debe entenderse más como un fenómeno multifactorial, donde la mayor visibilidad y reconocimiento público de la Oficina ha podido generar confianza en la ciudadanía que está mostrando una mayor sensibilidad y exigencia de integridad a las administraciones públicas".

Al respecto, desde la Oficina ponen de relieve que "un porcentaje considerable de las comunicaciones de infracciones recibidas, aproximadamente un 50%, no han sido objeto de investigación", y "el crecimiento en el número de infracciones comunicadas debe verse, en gran medida, como un indicador positivo de la mayor confianza de la ciudadanía y de los funcionarios públicos en los mecanismos de control externo, y de su disposición a denunciar posibles irregularidades".

"Es decir, más que un incremento real de la corrupción estamos ante una mayor voluntad de combatirla", se puede leer en la memoria, donde se detalla que, en cuanto al tipo de entidades sobre las que se comunican infracciones, "la Administración local --ayuntamientos, principalmente-- concentra, con mucha diferencia, la mayor cantidad de denuncias", mientras que entre las materias más denunciadas figuran la selección de personal, las autorizaciones y licencias y la contratación pública.

CÓDIGO ÉTICO

Por otro lado, la memoria detalla que la Oficina Antifraude está trabajando en la elaboración de un código ético o de buenas prácticas para prevenir el fraude y la corrupción, que es "una de las funciones que la Ley 2/2021, de 18 de junio", de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, le atribuye.

Al respecto, la memoria explica que, para la elaboración del mismo, "se está desarrollando un proceso participativo con el que aprovechar el conocimiento, la experiencia y la participación de todos los estamentos de la sociedad andaluza, de modo que su resultado final sea lo más próximo posible a la excelencia".

Desde la Oficina aclaran que ya "se cuenta con un borrador de código singular y diferenciado del resto de códigos de ámbito nacional y europeo, que busca convertirse en una herramienta práctica y eficaz en la lucha contra el fraude y la corrupción", de forma que, "más que un conjunto exhaustivo de normas, establece principios rectores que deberán ser desarrollados por las propias organizaciones públicas en sus programas u planes de integridad y prevención del fraude, con el apoyo de la Oficina si así lo solicitan".

Los cuatro "principios fundamentales" del código son "respetar las leyes e instituciones, actuando con integridad, transparencia y profesionalismo; evitar cualquier uso o beneficio privado derivado del acceso a recursos públicos; situar a la ciudadanía en el centro de las actuaciones públicas, promoviendo la excelencia, calidad y evaluación", y "respetar la igualdad y dignidad de las personas, combatiendo cualquier forma de discriminación".

Cada principio se desarrolla con "recomendaciones específicas, desde la obligación de publicar agendas institucionales hasta el compromiso con la evidencia científica en la toma de decisiones", según aclara también la memoria, donde se detalla igualmente que "el código enfatiza que la conducta ética va más allá del cumplimiento legal, abordando zonas grises donde comportamientos no necesariamente ilegales pueden comprometer la integridad del servicio público".

El "objetivo final" es "elevar los estándares éticos del sector público andaluz para servir al interés general y promover una sociedad más íntegra".

'ORGANIZACIONES POR LA INTEGRIDAD PÚBLICA'

Por otro lado, la Oficina Antifraude impulsa también el proyecto de 'Organizaciones por la Integridad Pública' (OIP), una "apuesta" para "contribuir al cambio cultural del concepto de integridad pública mediante un sistema basado en la prevención".

Así, el "objetivo principal" de esta iniciativa es que "cada entidad elabore un plan de integridad a través de un análisis de riesgos y el establecimiento de medidas preventivas y correctivas, y así iniciar un verdadero cambio cultural y estructural dentro de las organizaciones".

Este proyecto contempla cuatro "fases fundamentales" para la certificación de integridad, de las que una es de "autoevaluación" mediante un cuestionario inicial sobre las "características organizativas, estructurales y personales de la entidad".

Las siguientes fases son "la elaboración de un mapa de riesgos que identifica vulnerabilidades; el establecimiento de medidas de control culminando en un plan de integridad"; y finalmente, "la evaluación por parte de la OAAF para otorgar la acreditación como entidad OIP".

Según se detalla también en la memoria, "la metodología de OIP mantiene una estrecha relación con el código ético" de la Oficina Antifraude, y participación en esta iniciativa está "abierta a todo tipo de entidades del sector público", aclara también el documento, donde se indica igualmente que "el compromiso con la integridad pública y su promoción es un requisito fundamental para la participación, siendo la certificación una vez conseguida un reconocimiento público de esta apuesta por la integridad".

Desde la Oficina Antifraude se apunta también que, "aunque existe la obligación legal de desarrollar un plan antifraude para entidades que gestionan fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el Plan de Integridad de OIP va más allá, abarcando más áreas y aspectos necesarios para la promoción de la integridad y el buen gobierno en el sector público", y "este enfoque extensivo del concepto de integridad busca mejorar la legitimación y combatir la desafección ciudadana hacia las instituciones públicas".

En la fecha de elaboración de la memoria de 2024 de la Oficina Antifraude, se habían sumado a la OPI la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aacid), la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces (Centra), el Ayuntamiento de Las Gabias (Granada), la Diputación de Cádiz, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y, por parte de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, la Secretaría General de Administración Pública, la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, y la de Planificación y Organización del Sector Público Andaluz.