Más de una docena de víctimas atendidas en las oficinas creadas por el accidente de Adamuz

CÓRDOBA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas integrales de atención a víctimas y familiares de fallecidos en los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) en las ocho subdelegaciones del Gobierno en Andalucía han atendido hasta el momento a más de una docena de personas, a quienes se les ha informado, prestado acompañamiento y apoyo administrativo en la tramitación dependiente de la Administración General del Estado, relacionadas con los accidentes, incluido el Real Decreto-ley que establece las indemnizaciones.

En una nota, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha insistido en que "el objetivo último es abrir las puertas de las subdelegaciones para que todo aquel que lo necesite reciba información, pueda resolver sus dudas y encuentre la ayuda que necesite en sus trámites con los organismos estatales".

Aunque ha remarcado que "nada puede sustituir la pérdida, seguiremos a disposición de las víctimas y de sus familiares el tiempo que sea necesario hasta que todos hayan obtenido la información que demanden", a lo que ha añadido que "de esta forma queremos evitar el peregrinar por diferentes sedes y oficinas y los desplazamientos innecesarios que pueden añadir molestias a quienes están atravesando por uno de los momentos más complicados de sus vidas".

Las oficinas integrales de atención a las víctimas están ubicadas en las ocho subdelegaciones del Gobierno en Andalucía. En el caso de Huelva tienen un refuerzo especial por ser la provincia que concentra el mayor número de víctimas.

Los familiares de los fallecidos y las personas lesionadas pueden dirigirse a la subdelegación correspondiente, llamar por teléfono o enviar correo electrónico tanto para realizar sus consultas como para solicitar cita. En el caso de que la persona no pueda desplazarse o tenga dificultades para hacerlo, el servicio de la 'Administración cerca de ti' se desplazará hasta su ubicación.

Cada una de las personas será atendida siempre por el mismo personal para garantizar la máxima atención individualizada y ajustada a sus circunstancias personales.

REAL DECRETO-LEY

El Real Decreto-ley, publicado el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), regula las ayudas extraordinarias que el Gobierno de España ha acordado, por importe de 20 millones de euros, con el fin de atender con rapidez las necesidades de las personas afectadas. De esos 20 millones, diez millones se destinan a ayudas directas y otros diez millones como anticipo de las indemnizaciones de los seguros, en el marco del seguro de responsabilidad civil.

Estas ayudas serán compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios y de responsabilidad civil, y estarán exentas de tributación. Además, se abonarán en un único pago en concepto de ayudas inmediatas a las víctimas y adelanto de las indemnizaciones de los seguros de accidente.

Se trata de medidas de carácter económico para acelerar la percepción de ayudas por parte de los afectados, adelantar parte de las indemnizaciones correspondientes al seguro de responsabilidad civil y evitar así las esperas propias de los procedimientos ordinarios de los seguros.

Estas ayudas se sumarán a los mecanismos ya existentes en el actual ordenamiento jurídico y serán complementarias a los planes, seguros y coberturas previstas en la ley para las víctimas de accidentes ferroviarios y, por tanto, compatibles con las indemnizaciones obligatorias por responsabilidad civil. Además, se recibirán íntegramente ya que estarán exentas de tributación.

La cuantía a percibir se ha definido de la siguiente manera: En los casos de fallecimiento, una ayuda directa de algo más de 72.000 euros por cada persona fallecida y la misma cifra en concepto de anticipo del seguro; en los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran por niveles de gravedad, con importes que van desde algo más de 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.000 euros en las lesiones de máxima gravedad. Las cifras son las mismas para el anticipo del seguro.

Complementariamente, se iniciarán las modificaciones normativas para la futura implementación de este tipo de medidas en el ordenamiento jurídico español, con el fin de articular un mecanismo estructural de intervención pública para que el Estado asuma con carácter anticipado el abono de un porcentaje de las indemnizaciones correspondientes a los daños personales derivados de los accidentes de transporte colectivo, sin perjuicio de la posterior determinación de la responsabilidad civil de las personas físicas o jurídicas responsables de dicho accidente.