Además, amplía al 31 de mayo el plazo para justificar deudas en las ayudas a la solvencia empresarial
SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, con los votos a favor de los cinco grupos y la abstención de los diputados no adscritos de Adelante, el decreto-ley que modifica otros anteriores y que, entre otras cuestiones, deroga parcialmente el que fijaba las bases del procedimiento de contrataciones de emergencia para afrontar la situación derivada de la pandemia de Covid-19.
En concreto, el Pleno de la Cámara ha convalidado el Decreto-ley 1/2022, de 15 de marzo, por el que se modifican diversos decretos-leyes en materia de subvenciones para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento, medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía y, en materia de contratación de emergencia, se deroga parcialmente el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (Covid-19).
Ante el Pleno del Parlamento, el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha defendido este decreto que, por un lado, modifica el que fijaba las bases reguladoras de las ayudas a la solvencia empresarial, con el objetivo de permitir a las empresas y autónomos poder justificar hasta el 31 de mayo el pago de las deudas acogidas a estos incentivos, y que no se vean perjudicadas por la dificultad que conlleva la tramitación de la normativa, fijada por el Estado, según ha detallado.
Por otra parte, el decreto también establece mejoras en cuanto a la normativa aprobada para desarrollar medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía, con aclaraciones y adecuaciones técnicas que permitan el desarrollo de las seis líneas de incentivos en las respectivas convocatorias que van a ponerse en marcha, con una financiación global de 167,76 millones de euros.
Entre estas mejoras, según ha detallado el consejero, se encuentra la posibilidad de que las microempresas, trabajadores autónomos y empresas de economía social que quieran acogerse a la línea de mantenimiento de empleo y a la de ayudas a la transición hacia una economía verde y digital puedan presentar como actuación subvencionable la realización de acciones de capacitación, formación y sensibilización en economía verde o transformación digital con una duración mínima de 20 horas.
También se ha concretado para la línea denominada 'Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables' los requisitos necesarios para que las entidades accedan al incentivo de 6.000 euros por desempleado atendido e insertado laboralmente. Los colectivos a los que va dirigido este programa son personas con discapacidad, desempleados de larga duración --que lleven doce meses en situación de desempleo en los 18 meses anteriores al inicio del proyecto--, personas pertenecientes a minorías étnicas, demandantes de empleo mayores de 45 años, inmigrantes, mujeres con problemas de integración social, desempleados en riesgo de exclusión social y perceptores de prestaciones.
CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA
Del mismo modo, con el decreto convalidado este miércoles se deroga parcialmente el Decreto ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus que afecta a la contratación de emergencia motivada por la lucha contra la pandemia, al entender, según ha expuesto el consejero, que, con la bajada de la incidencia de casos de contagio, han dejado de concurrir las razones que justificaron la aprobación de las medidas excepcionales establecidas que, no obstante y según ha defendido, han servido para atender las necesidades provocadas por la emergencia sanitaria.
Específicamente, por lo que se refiere a la contratación de emergencia, se vuelve a la regulación previa a la declaración del estado de alarma de marzo de 2020, "sin perjuicio de que, en caso de que sea necesario aplicar la tramitación de emergencia, pueda acudirse al régimen general establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre".
Esto es, según ha querido dejar claro Juan Bravo, el recurso a esta vía excepcional de provisión de bienes, servicios y obras por parte de las administraciones "sigue siendo legítimo siempre que se cumplan los presupuestos que dicha legislación contempla".
Igualmente, del Decreto ley 3/2020 se deroga también el artículo relativo a medidas de agilización en materia de personal de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades del sector público, y la disposición adicional cuarta, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del Covid-19, que fue objeto de modificación por el Decreto ley 6/2020, de 30 de marzo.
PSOE-A ACUSA A LA JUNTA DE CONTRATAR "EN FRAUDE DE LEY"
En el turno de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Mario Jiménez ha considerado que este decreto refleja la "incapacidad, inutilidad e incompetencia" del Gobierno de PP-A y Cs para afrontar la crisis de la pandemia, además de "la rectificación y reconocimiento expreso de una culpa" de la Junta, que "ha estado contratando en fraude de ley al menos desde hace un año, abusando de la pandemia y sus terribles consecuencias para justificar poner en marcha más de 20.000 contratos a dedo como y cuando han querido y con quienes querían hacer esa contratación", según ha criticado antes de pedir al consejero que "no tome el pelo" al Parlamento esgrimiendo la bajada de la tasa de incidencia de la pandemia para justificar la derogación del procedimiento de contratación de emergencia.
Por parte de Unidas Podemos por Andalucía, el diputado Ismael Sánchez ha avanzado que su grupo no iba a poner "reparos" en apoyar modificaciones legislativas "puramente técnicas" que plantea este decreto, si bien ha sostenido que demuestran que en el Gobierno de PP-A y Cs son "muy chapuzas", y por eso tienen que introducir esos cambios para "corregir errores" por sus "prisas" al gestionar. Además, respecto a la contratación de emergencia, ha criticado que la Junta ha estado utilizando la fórmula que ahora se deroga "hasta hace dos días" y para "cuestiones que no han tenido nada que ver" con la pandemia, por lo que la derogación "llega tarde", aunque "bienvenida sea", según ha apostillado.
El portavoz adjunto de Vox, Rodrigo Alonso, ha acusado al Gobierno andaluz de llevar decretos al Parlamento "a modo de trágala" para "chantajear" a su grupo con uno como el debatido este miércoles que incluye cuestiones hacia las que están "a favor", como el fin de las contrataciones de emergencia y la extensión del plazo de justificación de las ayudas a la solvencia empresarial, con otras con las que están en contra, incurriendo así en "una práctica muy propia del Gobierno de Pedro Sánchez que deberían dejar de utilizar" desde la Junta, según ha comentado.
Finalmente, entre los grupos que sustentan el Gobierno andaluz, la parlamentaria del PP-A Rosalía Espinosa ha defendido las modificaciones del decreto debatido para ser más "útiles" a los andaluces, mientras que la diputada de Cs Mar Hormigo ha apuntado que el decreto convalidado refleja el trabajo "arduo, angustioso" que tuvo que llevar a cabo la Junta al inicio de la pandemia porque "no había dinero suficiente, ni recursos ni medios para atender a tantas personas afectadas" y "había que resistir como fuera ante lo que golpeaba el virus".
