El diputado del PSOE-A Daniel Pérez interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves, con los votos de PP-A y Vox, una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista relativa al derecho a la vivienda con la que, entre otras cuestiones, se planteaba instar a la Junta a abandonar su "estrategia de bloqueo institucional" y a aplicar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
Así figuraba entre los puntos de los que constaba esta iniciativa relativa a la "defensa de la aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y del derecho a la vivienda de la ciudadanía andaluza", que ha defendido el parlamentario Daniel Pérez en nombre del Grupo Socialista y que se ha votado en dos bloques de puntos que han sido rechazados con los diputados de PP-A y Vox.
De entrada, con esta PNL, el Grupo Socialista quería que el Parlamento instase al Consejo de Gobierno de la Junta a "abandonar la estrategia de bloqueo institucional en relación con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, renunciando a promover un conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril", y a "formalizar de manera inmediata el convenio necesario para la plena aplicación en Andalucía del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030".
En segundo lugar, el PSOE-A planteaba con esta iniciativa que el Parlamento instase al Gobierno de la Junta a "movilizar sin demora los 136,8 millones de euros correspondientes a la primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, garantizando la aportación autonómica de cofinanciación comprometida, así como a ejecutar íntegramente los fondos ya presupuestados en materia de vivienda pendientes de movilización".
De igual modo, desde el Grupo Socialista querían que el Parlamento instase a la Junta a "aprobar, en el plazo de dos meses, un plan de choque para incrementar la oferta de vivienda protegida en alquiler destinada a personas jóvenes de hasta 35 años, con especial atención a las provincias con mayor tensión en el precio de la vivienda".
Y, también, que la Junta remitiera al Parlamento, "en el plazo de tres meses, un informe detallado sobre el grado de ejecución de la vivienda protegida en alquiler promovida por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), y de las actuaciones desarrolladas en aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con desglose por provincias".
DEFENSA DE LA INICIATIVA
En su intervención en defensa de la PNL, Daniel Pérez ha subrayado que el "principal problema que tienen los andaluces a día de hoy" es "el acceso de forma asequible a una vivienda digna", y al respecto ha reivindicado la puesta en marcha, por parte del Gobierno, del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 "para dotar al conjunto de las comunidades autónomas de 7.000 millones de euros para dar respuesta a la situación de la vivienda", de los que "Andalucía va a recibir 1.200 millones", 718 de ellos de "fondos propios del Gobierno de España, y el resto confinanciado con la Junta", según ha agregado.
Frente a ello, ha criticado que por parte del Gobierno del PP-A se han dedicado a poner "trabas" a la aplicación de esta iniciativa, e incluso han llegado a pedir al Tribunal Constitucional o al Gobierno de España "un requerimiento para que no se pudiera aplicar".
De igual modo, ha señalado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, como "gran responsable de que no haya política de vivienda" en Andalucía, porque "no quiere la vivienda pública", según ha criticado antes de incidir en denunciar que "lo único que han hecho" desde el Ejecutivo andaluz es mantener un "enfrentamiento con el Gobierno de España", en lugar de "asumir esos 1.200 millones de euros para la construcción de vivienda protegida, para ayudar al alquiler" y dar "herramientas a los municipios que están altamente tensionados" para dar "respuesta en materia de vivienda".
PP-A CRITICA LOS "BULOS" SOCIALISTAS
En el turno de posicionamiento de los grupos, el parlamentario del PP-A Antonio Saldaña ha defendido que el que "las comunidades autónomas o el Gobierno de España planteen conflictos de competencia o recursos de inconstitucionalidad es algo habitual en España" y, de hecho, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha planteado a la Junta de Andalucía conflictos de competencia" sobre iniciativas por cuestiones como la simplificación administrativa, por lo que "no se puede considerar" como "una herramienta de bloqueo", sino como "una herramienta constitucional".
Además, ha señalado que el PSOE no ha cumplido desde el Gobierno sus "promesas" en materia de vivienda, y tras la aprobación de su Ley de Vivienda estatal, que "se presentó con la promesa de frenar la escalada de precios del alquiler a través de la contención de las rentas en zonas tensionadas", lo que ha ocurrido es que "se ha desviado el volumen de alquileres de temporada, lo que ha provocado un incremento de precios en las capitales de provincias", por lo que ha concluido reprochando a los socialistas sus "bulos" que llevan al Parlamento "cada semana".
Por parte de Vox, su parlamentario Ricardo López ha acusado a los socialistas y a sus "mariachis" de haber propiciado que a "una generación entera" se le hayan "cortado las alas" y no puedan "levantar su propio hogar".
"Ese es el verdadero drama que han traído al país", ha espetado a los representantes del PSOE, a quienes ha afeado además llevar al Parlamento sus "recetas nefastas", y en el caso concreto de esta iniciativa, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, "otro invento más" de los socialistas, según ha criticado antes de remachar que "la vivienda no se construye ni con palabras ni con anuncios ni con propaganda", sino "con suelo, seguridad jurídica, financiación y presupuestos, esos que ustedes no tienen, y con una política que piense primero en las necesidades de los españoles".
POSICIONAMIENTOS DE ADELANTE Y POR ANDALUCÍA
En representación del grupo Adelante Andalucía ha intervenido su diputado Luis Rodrigo, quien ha defendido las dos enmiendas que su grupo ha presentado a esta PNL y que el Grupo Socialista ha aceptado, y al respecto ha señalado que "es vital, urgente, que Andalucía cree un registro de viviendas vacías en manos de grandes propietarios", para conocer quiénes "están acaparando viviendas para especular con ellas".
Además, ha apostado por "instar a los ayuntamientos de Andalucía a que cobren el 150% del IBI a todas esas viviendas vacías en manos de grandes propietarios", y por "ampliar el derecho de tanteo y retracto a favor de la Junta de Andalucía para traspasar en masa viviendas del parque privado al público", desde la premisa de que "la crisis de la vivienda es la crisis vital de una gran mayoría de los andaluces, la que limita los planes de futuro de la juventud, le quita el sueño a los padres y madres de clase trabajadora" y "amarga los últimos años de vida a nuestros ancianos", ha aseverado.
Por último, la portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Rosa Rodríguez, ha partido de la base de que existe un "grave problema con la vivienda" en Andalucía, y que su coalición "comparte plenamente el diagnóstico" del PSOE-A, pero "discrepa" sobre lo que hay que hacer para "corregir ese problema" que "se está llevando por delante el derecho fundamental de miles de personas".
Así, ha señalado que "la mera aplicación del Plan Estatal de Vivienda, tal y como está redactado, no es suficiente para acabar con el problema de la vivienda en Andalucía", y hay que apostar por un cambio de "estrategia" hacia una "ambiciosa y valiente, porque la emergencia habitacional exige medidas estructurales" y "una nueva fórmula", según ha incidido, que contemple topes al precio de alquileres o "establecer por ley que ninguna persona dedique más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda", además de "aumentar el parque público de vivienda", según ha defendido.