SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves la primera declaración institucional de lo que va de XI Legislatura, que es en apoyo a los trabajadores de Endesa, y que ha leído la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, antes de dar paso a las preguntas de la sesión de control al Gobierno dirigidas al presidente de la Junta, Juanma Moreno.
En concreto, con esta declaración, apoyada por los cinco grupos parlamentarios --PSOE-A, PP-A, Adelante Andalucía, Ciudadanos (Cs) y Vox--, el Pleno del Parlamento reitera su apoyo a la Plataforma Endesa de Trabajadores provenientes de procesos de Expedientes de Regulación de Empleo, Jubilados, Viudos, Huérfanos y Trabajadores con acuerdo voluntario de desvinculación laboral, así como se muestra "favorable a que el Grupo Endesa continúe negociando con los trabajadores del V Convenio Marco y se alcance un acuerdo para los trabajadores en activo".
Igualmente, el Pleno del Parlamento se muestra "favorable a que Enel, como accionista mayoritario de Endesa, y esta última, mantengan los derechos sociales históricos a sus trabajadores pasivos y/o viudas o huérfanos, así como a los trabajadores afectados" por los expedientes de regulación de empleo (ERE) y "los que suscribieron los acuerdos voluntarios de salida de la empresa".
El Pleno del Parlamento también "manifiesta su apoyo a que Endesa mantenga los derechos sociales aplicados desde hace más de 100 años hasta que se pronuncie la Audiencia Nacional sobre el conflicto colectivo interpuesto por los sindicatos mayoritarios del sector", y muestra su "parecer favorable a que las administraciones apoyen las reivindicaciones de estos trabajadores andaluces y mantengan, como ha venido haciendo hasta ahora, su intermediación entre empresa y representantes sindicales para que puedan llegar a un acuerdo sobre el V Convenio Marco".
Según expone la declaración institucional, el pasado 31 de diciembre de 2017, expiró la vigencia del IV Convenio Marco firmado por Endesa y sus trabajadores, y, "tras más de 50 reuniones celebradas durante el pasado 2018, el 31 de diciembre, Endesa, aplicando la reforma laboral vigente, dio por cerradas las negociaciones de forma unilateral, aplicando la ultraactividad y contractualización de los contratos de activos, así como, por otro lado, eliminando los beneficios sociales de los trabajadores pasivos".
En concreto, la declaración cita "la pérdida de la tarifa de empleados que tiene su origen hace más de 100 años, que consiste en una parte del salario en especie que recibían mientras estaban en activo los trabajadores, y un derecho que se mantenía si en algún momento pasaban a clases pasivas, bien por jubilación o por orfandad o viudedad al fallecimiento del personal en activo".
Se trata de "un derecho social que solo supone la bonificación del coste real del consumo eléctrico originado en la vivienda, que tributaba en IRPF como salario en especie, y sobre el que abonaban en la factura eléctrica que recibían todos los impuestos con los que estaría gravado dicho consumo eléctrico", según explica la declaración institucional, que sostiene que "el derecho al suministro de energía eléctrica a precio bonificado para trabajadores en activo y pasivos de la empresa es un derecho que va más allá de los propios convenios".
Así, "se adquiría en el momento de establecer la relación contractual, como se recoge en diversas documentaciones que posee la empresa, y que ha sido asumida por cada una de las sucesivas concentraciones de capital y modificaciones societarias acaecidas a lo largo de estos más de 120 años del sector eléctrico andaluz".
Además, "el propio acuerdo sobre los procesos de reordenación y reorganización empresarial de 12 empresas eléctricas y sus filiales para la constitución del Grupo Endesa de 27 de abril de 1999, publicado en el BOE 22/06/1999", incluye en su artículo 14, apartado F, que "en el supuesto de que los convenios colectivos sucesivos establecieran condiciones menos favorables para algunos colectivos de los trabajadores transferidos, la empresa vendrá obligada a respetar, como garantía 'ad personnam', todas y cada una de las condiciones económicas más favorables del convenio de origen", y en el artículo 4 del mismo acuerdo se establecía su "carácter permanente".
La declaración subraya que "así se recogió en el primer Convenio Marco del año 2000, y en los sucesivos convenios firmados hasta la fecha", y, por ello, "los trabajadores manifiestan que esta decisión unilateral de Endesa, y mandatada por su accionista principal y mayoritario Enel, va contra los derechos adquiridos de los trabajadores presentes y todos aquellos que ya no están en activo, que vieron reducidos sus posibles emolumentos pensando que los irían cobrando de forma diferida a lo largo del tiempo".
Por todo ello, estos trabajadores han interpuesto una demanda colectiva en la Audiencia Nacional con la ayuda de las federaciones de los sindicatos SIE, UGT y CCOO, "para defender los derechos de los más de 36.000 trabajadores, de los que unos 12.000 son andaluces", según resalta la declaración institucional con la que el Parlamento muestra su apoyo a los trabajadores de Endesa.
