Parlamento convalida el decreto-ley de la Junta para reducir el importe de libramientos sin justificar fuera de plazo

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha acordado este miércoles, con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, mientras que PSOE-A y Adelante se han abstenido, convalidar el decreto-ley aprobado el pasado mes de febrero por el Consejo de Gobierno para el impulso del proceso de justificación, comprobación, adecuación de la información contable y reintegro de los libramientos con justificación posterior. El actual Gobierno andaluz ha anunciado que, en sólo un año, se ha reducido un 31 por ciento (hasta 582 millones de euros) los importes pendientes fuera de plazo.

Durante la defensa del decreto-ley ante el Pleno, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha manifestado que con esta nueva norma se pretende "poner orden en el desorden anterior" y ha indicado que los libramientos sin justificar que dejó el anterior Gobierno socialista ascendían a casi 2.000 millones de euros, sin que "nadie se sonrojara" por ello.

El Gobierno ha impulsado este decreto después de que la Cámara de Cuentas haya recomendado reiteradamente la adopción de medidas dirigidas a reducir el saldo de libramientos por justificar, habida cuenta del elevado montante acumulado y de la antigüedad del mismo, apuntando la necesidad de mejorar los procedimientos para el control y la gestión de los libramientos. Asimismo, en julio de 2019, el Parlamento también instó al nuevo Ejecutivo andaluz a adoptar medidas al respecto.

Ante el elevado volumen de libramientos pendientes de justificar fuera de plazo, el nuevo Gobierno andaluz inició un plan de actuación al objeto de acelerar los procedimientos de justificación, realizar una revisión y depuración de los importes pendientes de justificar, evitar posibles prescripciones y la pérdida de ingresos por reintegros.

Así, mediante la monitorización de los importes pendientes, remisión de informes periódicos y reuniones de seguimiento con los órganos gestores responsables, se ha conseguido reducir estos importes en el presente ejercicio, de manera que si al inicio de 2019 el importe pendiente de justificación fuera de plazo en la Junta de Andalucía era de 1.867 millones de euros, a 31 de diciembre ese importe se situó en 1.285 millones, habiéndose reducido un total de 582 millones, lo que supone una disminución superior al 30%, según ha explicado Bendodo.

El Decreto-ley introduce, por una parte, la ordenación de la información en GIRO (sistema contable de la Junta de Andalucía) para que refleje la verdadera situación y la máxima transparencia de los libramientos. Asimismo, incorpora modificaciones en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública que regulan la comprobación de las subvenciones, la devolución voluntaria de las mismas, los aplazamientos y fraccionamientos de los reintegros y atribuye competencias a la Agencia Tributaria de Andalucía en el proceso de recuperación de cantidades.

Por otro lado, establece que los órganos gestores tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2021 para clasificar los libramientos pendientes de justificar y para realizar una serie de actuaciones para su justificación y comprobación antes de esa fecha.

El Decreto-ley regula también la comprobación de la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de la subvención, así como el régimen de los aplazamientos y fraccionamientos de los reintegros de subvenciones, al tiempo que establece medidas para impulsar la devolución voluntaria. Además, con la finalidad de incrementar la eficacia de la gestión recaudatoria de los reintegros de subvenciones, se atribuyen competencias a la Agencia Tributaria de Andalucía desde la notificación de la resolución de reintegro.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

En el turno de intervenciones de los grupos, el diputado del PSOE-A Francisco Conejo ha criticado que Bendodo venga a hablar al Pleno de este asunto, después de la gestión que él hizo en la Diputación de Málaga como presidente. Ha defendido la "legalidad" de la actuación de los anteriores gobiernos socialistas sobre esta materia y ha manifestado que no hay ningún informe jurídico ni de la Intervención que "avale la legalidad" del decreto que se somete al Parlamento. Se ha mostrado convencido de que si el anterior Ejecutivo del PSOE-A hubiera planteado un decreto de este tipo, desde la bancada del PP-A se hubiera hablado "de amnistía, de corrupción o de fraude", pero como lo "traen ellos, ahora es responsabilidad y buena gestión".

En representación del PP-A, el diputado Pablo Venzal se ha centrado en defender el contenido del "importante" decreto y lo "apasionante" del debate del mismo, desde la premisa de que "el dinero público hay que tratarlo bien" y destinarlo a sus fines adecuados. En esa línea, ha destacado que "pone orden" y "afecta a mecanismos que no estaban previstos y que ahora van a hacerse posibles, como la compensación, el fraccionamiento o el aplazamiento para cobrar el dinero", y "va un poco más allá en materia de recaudación".

El diputado de Ciudadanos (Cs) Julio Díaz ha manifestado que aunque estamos ante un decreto eminentemente técnico, tiene una gran importancia política, ya que se da un giro copernicano a la gestión de los fondos públicos. Ha indicado que este decreto se complementa con otras medidas que ha adoptado el Gobierno andaluz en relación con la transparencia de las cuentas públicas.

Por parte de Adelante, el parlamentario Guzmán Ahumada ha saludado que este decreto aborda un "problema real" como es "el gran número de libramientos pendientes de justificar" siguiendo "los requerimientos de la Cámara de Cuentas", si bien ha advertido de "hacer un barrido por los libramientos pendientes no significa arreglar el problema", aunque sí lo "soluciona contablemente", y "el alcance de ese decreto no llega a todos los rincones de la Junta" de Andalucía, en tanto que "no entra dentro de todos los entes" de la Administración autonómica.

Finalmente, el diputado de Vox Rodrigo Alonso ha subrayado que este decreto "nace" del acuerdo de su grupo con los partidos del Gobierno --PP-A y Cs-- para la aprobación del Presupuesto de 2020, y ha compartido con Bendodo en que "viene a poner orden", así como a "romper el caos", además de que "acaba con un incumplimiento histórico" con la Cámara de Cuentas, según ha puesto de relieve antes de animar a "seguir adelante con esta línea de reformas" en pos de "la transparencia y la eficacia en la gestión de fondos públicos", porque "es necesario crear una cultura corporativa del adecuado uso" de dichos recursos.