El Parlamento rechaza con los votos de PP-A y Vox una PNL de Por Andalucía sobre medidas ante la corrupción

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos del PP-A y Vox, una proposición no de ley (PNL) del grupo Por Andalucía que planteaba un conjunto de "medidas contra la corrupción" en las instituciones públicas dirigidas tanto al Gobierno de España como al de la Junta de Andalucía.

Entre las propuestas de esta PNL de Por Andalucía, que ha contado con el respaldo del PSOE-A, figuraba la de instar desde el Parlamento al Gobierno de la Junta para que, a su vez, emplazara al Ejecutivo central a adoptar medidas como "reforzar la regulación que establece la prohibición de celebrar contratos públicos por la comisión de actos ilícitos no sólo por las personas jurídicas o sus administradores o representantes, sino también por la acción de cualquier tercero".

También, que el Gobierno efectúe "los cambios legales oportunos para que la prohibición legal de contratar no sólo alcance a la persona jurídica formalmente beneficiaria, sino, en el supuesto de pertenencia a un grupo de empresa, al conjunto de éste", así como que mejore "la regulación que impide la prohibición de contratar a aquellas empresas que sustituyen, suceden, se constituyen o transforman para dar continuidad a una empresa corruptora".

"Establecer consecuencias legales más contundentes que graven las consecuencias económicas hacia corruptores y corrompidos, debiendo devolver el dinero público robado y afecto por prácticas corruptas de forma multiplicada", era otra de las reclamaciones de Por Andalucía dirigidas al Gobierno central mediante esta PNL, al igual que la de regular "legalmente el decomiso de todos aquellos bienes de los corruptores que no acrediten que tienen un origen lícito".

Por otro lado, el grupo que aúna a Podemos, IU y al Movimiento Sumar, entre otras formaciones, también proponía regular el tratamiento que reciban los "cargos públicos procesados", de forma que se cree "la figura de persona investigada avalada" ante casos de "delitos relacionados con la corrupción", de forma que exista "la obligación legal de que tanto la institución en la que ostenta el cargo público" dicha persona como "la formación política en la que esté afiliada justifiquen de forma pública y motivada las razones por las que avalan su permanencia en sus responsabilidades institucionales y su vínculo afiliativo durante esa situación procesal".

"En caso de no existir dicho aval, la situación procesal de investigada será causa de cese o suspensión, figura ésta que ha de regularse para los cargos electos, en el cargo público y/o de suspensión afiliativa", planteaba la iniciativa de Por Andalucía.

De igual modo, el grupo de formaciones de izquierda proponía que desde el Gobierno central se regule "la separación definitiva de personas condenadas por delitos relacionados con la corrupción de aquellas personas que, sin tener la condición de cargo público, ostenten puestos políticos en instituciones públicas".

También apelaba Por Andalucía a que se refuerce "la normativa legal para fijar con más contundencia la incompatibilidad de percibir una retribución pública y ostentar una responsabilidad pública y el ejercicio de actividad alguna en universidades privadas, por su naturaleza de negocio lucrativo en sí, y por la composición privada de su accionariado, despejando así de alguna laxa interpretación efectuada al respecto por organismos públicos".

"MAPA DE LA CORRUPCIÓN EN ANDALUCÍA"

Como reclamación dirigida a la Junta, Por Andalucía proponía que el Parlamento instase al Gobierno andaluz a que, "en el plazo de cuatro meses, ponga en marcha una herramienta de publicidad activa denominada 'mapa de la corrupción en Andalucía', por la que se dé publicidad permanentemente actualizada de los casos de corrupción investigados y sentenciados al menos en los últimos diez años, identificando empresas y personas implicadas, el alcance territorial de su ilegal actuación, los delitos investigados, la situación procesal en la que se encuentran, la condena cuando exista, y el estado de proceso de devolución del dinero robado".

Finalmente, el grupo Por Andalucía proponía que el Parlamento instase "a las formaciones andaluzas representativas a conformar en el plazo de dos meses un gran pacto político a favor de la ética pública y contra la corrupción, por la que se trabaje en implementar las medidas contenidas en esta PNL" y "aquellas otras que propongan las formaciones".

En defensa de la iniciativa ha intervenido en el Pleno la portavoz del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, quien ha apelado a un "endurecimiento" de las medidas frente a la corrupción en el ámbito estatal y autonómico como algo "imprescindible", y ha sostenido que "la sobreactuación, el aspaviento, el 'y tú más' no ayuda en nada, y sólo deja en la conversación pública la sensación de que no se quieren tomar medidas para que estas cosas no sucedan".

PP-A RECHAZA "LECCIONES" DE POR ANDALUCÍA

En el turno de posicionamiento de los grupos, la parlamentaria del PP-A Virginia Pérez ha reprochado a Por Andalucía que "criminaliza a las empresas" en su iniciativa y señala como "agentes tóxicos secundarios a todo aquel que sea político y sea ese elemento necesario para cometer la corrupción".

"Esto va de otra cosa", ha agregado la diputada 'popular', que ha insinuado que Por Andalucía ha presentado esta PNL como forma de "hacer un trato" con el PSOE-A para "lavarnos la cara porque nos está cayendo lo más grande" con lo que "está pasando en España" con el Gobierno de Pedro Sánchez, que "no se sostiene", según ha aseverado Virginia Pérez, que ha rechazado "lecciones" del grupo impulsor de esta PNL, al que ha animado a pedir al jefe del Ejecutivo que "dimita y convoque elecciones".

Frente a estas críticas, la diputada del PSOE-A Irene García ha agradecido a Por Andalucía la presentación de esta iniciativa, desde la premisa de que fomenta "un debate necesario y de calado que hay que asumir", y de que ante la corrupción hay que responder con "ejemplaridad, fuerza, credibilidad, transparencia, compromiso con la verdad y respeto a la justicia".

Además, ha aludido al caso Koldo que salpica a exdirigentes del PSOE como José Luis Ábalos y Santos Cerdán para tildar de "lamentable" lo ocurrido y "haber compartido militancia con esa calaña", y ha apelado a seguir persiguiendo la corrupción "caiga quien caiga".

Por último, la diputada de Vox Cristina Jiménez ha sostenido que las medidas contempladas en esta PNL son "claramente insuficientes y altamente cosméticas", así como ha cuestionado las "buenas intenciones" del grupo proponente cuando "los comunistas" forman parte del Gobierno socialista de España actual que "está plagado de corrupción hasta el tuétano", y en esa línea ha animado al socio minoritario del PSOE en la coalición de gobierno a "romper" dicho pacto y a exigir "una convocatoria electoral en vez de dar consejos" a través de esta iniciativa parlamentaria.