El Parlamento rechaza con votos de PP y Vox urgir a la Junta a retirar su recurso contra el reparto de menores migrantes

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz ha rechazado este martes, con los votos de PP-A y Vox, una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista apoyaba por el grupo Por Andalucía que planteaba que la Cámara andaluza instase al Gobierno de la Junta a "retirar de forma inmediata el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo", que acuerda el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas.

El Consejo de Gobierno andaluz acordó en su reunión del pasado 11 de junio autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía para la interposición de dicho recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, alegando que se ha producido con él por parte del Gobierno central una "invasión de competencias".

Frente a esta decisión del Gobierno andaluz se posicionaba esta PNL del Grupo Socialista, consultada por Europa Press, que se ha debatido en la comisión sobre la infancia y la adolescencia del Parlamento andaluz, con la que el PSOE-A quería que la Cámara autonómica instase a la Junta a "retirar de forma inmediata" dicho recurso --que ya ha sido admitido a trámite por el TC--, al entender que "contraviene el interés superior del menor, la solidaridad interterritorial y los principios rectores de la legislación andaluza vigente en materia de infancia y adolescencia".

La iniciativa socialista defendía que, con la retirada del recurso de inconstitucionalidad que reclamaba, Andalucía reafirmaría su "compromiso" con "una política de protección de la infancia que sea solidaria, corresponsable y conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, y que garantice una atención digna e integral a todos los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, con independencia de su origen o nacionalidad, y que promueva una visión humanista, respetuosa y basada en derechos sobre la infancia migrante, combatiendo activamente los discursos de odio, los prejuicios racistas y la instrumentalización política de los menores migrantes no acompañados".

"EN DEFENSA DE LOS MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS"

Para defender esta iniciativa "en defensa" de los menores migrantes no acompañados ha intervenido en la comisión el diputado socialista José Luis Ruiz Espejo, quien ha partido de la premisa de que "el acceso al territorio" de dichos menores "constituye una realidad constante en las rutas migratorias hacia Europa, que obliga a los poderes públicos a ofrecer una respuesta jurídica, institucional y humanitaria centrada en la defensa del interés superior del menor".

Ha señalado que, en Andalucía, "las provincias de Almería, Cádiz y Granada han vivido picos de llegada de menores no acompañados por vía marítima que han sobrepasado la capacidad del sistema de protección", y "la Fiscalía Superior de Andalucía ha advertido en varias ocasiones de la saturación de centros, de la falta de recursos específicos para niñas y adolescentes migrantes, y de la necesidad de una mejor coordinación interterritorial".

El representante del PSOE-A ha defendido que, en este contexto, el citado Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, "aprobó un mecanismo de reparto solidario de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas en situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, así como la creación de un fondo estatal de compensación", de modo que la normativa "busca repartir de forma equitativa la responsabilidad pública en la atención de estos menores".

Ha subrayado que el decreto del Gobierno central viene "acompañado por un fondo estatal de 100 millones de euros para cubrir los costes de sobreocupación y traslado", y "el objetivo principal es garantizar condiciones dignas de atención y evitar el colapso de los servicios autonómicos en situaciones de saturación".

Frente a ello, ha lamentado que el recurso que ha acordado interponer la Junta ante el TC "no sólo pone en riesgo el principio de solidaridad interterritorial y el interés superior del menor, sino que sitúa a Andalucía en una posición de bloqueo institucional ante una respuesta estatal necesaria, razonable y jurídicamente habilitada por la situación de emergencia descrita" en el citado decreto.

Además, ha sostenido que "el recurso supone una contradicción" con el Estatuto de Autonomía andaluz, "que en su artículo 21.1 establece que las políticas públicas deben regirse por los principios de solidaridad, protección de la infancia y justicia social".

"INCERTIDUMBRE JURÍDICA Y BLOQUEO DE MECANISMOS DE COOPERACIÓN"

"La Junta, lejos de reforzar su sistema de protección, contribuye con esta impugnación a generar incertidumbre jurídica, desprotección institucional y bloqueo en los mecanismos de cooperación entre comunidades", ha incidido el representante del PSOE-A, que ha sostenido además que el decreto que ha recurrido el Gobierno andaluz "no impone una carga unilateral, sino que se apoya en mecanismos de cooperación y coordinación previamente consensuados", por lo que dicho recurso "contradice estos antecedentes de colaboración", además de que "entorpece la consolidación de un sistema nacional de protección en situaciones de emergencia".

El representante del Grupo Socialista ha concluido defendiendo el registro de esta iniciativa partiendo de la premisa de que "la infancia migrante no acompañada requiere protección, no confrontación; recursos, no excusas", y "requiere leyes que aseguren su dignidad, no recursos que la pongan en cuestión".

CRÍTICAS DE PP-A Y VOX A LA INICIATIVA

En el turno de intervenciones de los grupos, la parlamentaria del PP-A Susana González ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez de que la "capacidad de protección de menores" de Andalucía esté "al límite" de su ocupación, porque el Ejecutivo central "trata a los menores como mercancías" a cambio de "mantenerse en su sillón", ha denunciado.

La representante 'popular' ha defendido que la "solidaridad" del Gobierno andaluz de Juanma Moreno es "incuestionable", como lo prueba que esté atendiendo "a pulmón" a "634 menores migrantes no acompañados que el Gobierno de Sánchez ha metido por la puerta de atrás en Andalucía, bajo la apariencia de la mayoría de edad", según ha agregado antes de replicar al PSOE-A que no sólo la Junta, sino una decena más de comunidades autónomas han interpuesto un recurso ante el TC por el reparto de menores que el Gobierno ha realizado "de manera unilateral, sin un diálogo previo ni planificación" con las regiones, según ha criticado.

Por parte de Vox, su diputada Ana María Ruiz ha considerado que la PNL objeto de debate es "una auténtica hipocresía" por parte de "la izquierda extrema", y ha defendido que sólo su partido "habla claro" en este asunto y defiende que los menores no acompañados "deben estar de vuelta a sus casas con sus padres", así como que hay que "deportar a todos los inmigrantes ilegales que estén en nuestro país, incluidos los 'menas'", y en esa línea ha criticado que se acoja en Andalucía a esos menores mientras que "los nuestros no tienen absolutamente nada para sobrevivir" en la comunidad.

Por último, la diputada de Por Andalucía Alejandra Durán ha acusado a Vox de haber convertido a los menores migrantes no acompañados en "el chivo expiatorio perfecto" tratándolos "como una amenaza y delincuentes en potencia", y "no como personas con derechos". "Y lo más grave es que lo hacen desde las instituciones andaluzas" y, "en algunos casos, con la complicidad del Gobierno de la Junta", según ha agregado la también representante de Podemos, que ha considerado que el recurso interpuesto ante el TC por el Ejecutivo andaluz "contraviene el interés superior del menor, que es lo que nos debería mover a todos".