El Parlamento reclama que Junta negocie con Gobierno para evitar recurso al decreto de precios de la construcción

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PP-A en la que se insta a la Junta a que demande al Gobierno central que resuelva la situación de incertidumbre que ha creado en relación con el decreto andaluz de revisión de precios de la construcción, "adaptando la normativa nacional a las necesidades del sector y retirando la amenaza de recurrirlo en el Tribunal Constitucional", como medida indispensable para generar seguridad jurídica en la contratación de obra pública en la comunidad y la preservación de los puestos de trabajo vinculados al sector.

También se ha instado a la Junta a que demande al Ejecutivo nacional que impulse de forma firme, cierta y definitiva las infraestructuras competencia del Estado pendientes en Andalucía.

Otra demanda consiste en que la Junta pida al Gobierno que elabore y apruebe de forma urgente un paquete de medidas fiscales e incentivos empresariales y laborales con carácter específico para el sector de la construcción que, aún de forma temporal, ayude a la recomposición del sector tras las crisis económica sufrida como consecuencia de la pandemia, la paralización de la obra pública y el alza de los precios de la materia prima para equilibrar las pérdidas económicas y de empleo e impulsar la actividad de la construcción en Andalucía.

Asimismo, la Cámara ha instado a la Junta a que, dentro de los créditos disponibles en el presupuesto del ejercicio 2022 y los futuros Presupuestos de 2023, lleve a cabo la ejecución de las inversiones previstas y en trámite largamente demandadas por la sociedad andaluza en el marco de las competencias de la comunidad, en especial las generadoras de riqueza y empleo.

La iniciativa ha sido apoyada en su totalidad por Vox, mientras que el PSOE-A se ha abstenido en el punto uno y tres y ha apoyado el segundo y cuarto. Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía han rechazado los puntos uno y tres. Por Andalucía ha apoyado los puntos dos y cuatro y Grupo Mixto-Adelante Andalucía se ha abstenido.

En defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A Antonio Saldaña ha señalado que el Gobierno de España, en lugar de adaptar sus medidas a las planteadas por la Junta que inciden de forma más eficaz en solucionar los problemas del sector, adoptó una política "beligerante contra el decreto andaluz".

Ha añadido que lo que inicialmente se esbozó como una Comisión bilateral para llegar a un acuerdo en la concreción de las medias del decreto, "se ha traducido en la exigencia del Gobierno de España de derogar el decreto andaluz bajo la amenaza de recurrir al Tribunal Constitucional con el grave perjuicio que conllevaría este innecesario conflicto y la incertidumbre en la que mantiene a todo el sector de la construcción en Andalucía".

"Si bien es cierto que el decreto andaluz está en vigor, la amenaza del Ejecutivo nacional a Andalucía está originando una importante ralentización de la obra pública ya que las constructoras, ante el conflicto jurídico planteado, no se atreven a ir a los concursos sin tener la certeza de los cobros y los municipios tampoco lo hacen por no tener seguridad sobre los pagos", ha manifestado.

LOS GRUPOS

En el turno de posicionamiento de los grupos, el diputado del PSOE-A Víctor Torres ha reconocido que el "fuerte incremento en los precios de los materiales de la construcción" que se ha producido por factores como la guerra en Ucrania es "una realidad con la que tenemos que trabajar" y ante la que el Gobierno de España ya aprobó un Real Decreto-ley que ha tenido "varias modificaciones", si bien ha lamentado que "lo que a priori sería una cuestión necesaria y de lógica", el Grupo Popular la ha utilizado en el texto de su PNL para "buscar la confrontación" con el Ejecutivo central.

Frente a ello, desde el PSOE-A han tratado de imprimir una "postura ecuánime" a esta iniciativa a través de las enmiendas que han presentado a la misma, según ha defendido el diputado.

El diputado de Vox Alejandro Hernández ha manifestado que la iniciativa del PP-A está planteada, como viene siendo habitual, como la remisión de un "burofax" a Pedro Sánchez, sin que en Moncloa nadie se vaya a hacer "cargo del acuse de recibo" y se enmarca en la "lucha partidista".

Ha mostrado el apoyo de su partido a las reivindicaciones del sector de la construcción y ha defendido que hay que arbitrar mecanismos para que la subida de los precios de los materiales no impida la ejecución de la obra pública licitada.

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha reprochado al Gobierno andaluz que era conocedor de que su decreto de ayudas por el incremento de materiales de las obras iba a recurrirlo el Gobierno en el Tribunal Constitucional porque "el Gabinete Jurídico alertó, tenía dudas de la invasión competencial" de manera que "el Gobierno de la Junta sabía lo que iba a pasar".

Nieto ha recriminado al Gobierno andaluz "su preocupación por el encarecimiento de los materiales, pero no por cómo impacta la inflación en las personas trabajadoras" y ha ironizado con el hecho de que "a los autónomos les han adjudicado pocas obras", de manera que "están preocupados por un determinado perfil de empresas".