El Parlamento tramita la ILP para que los empleados públicos recuperen la parte autonómica de la extra de 2013 y 2014

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la recuperación de las cantidades detraídas al personal del sector público andaluz en los ejercicios 2013 y 2014. Como recoge el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA), se ha comunicado dicha admisión a la Junta Electoral de Andalucía para que se proceda a la recogida de las firmas requeridas para llevar al texto a la cámara.

Según recoge la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, la Comisión Promotora de la ILP "tendrá un plazo de seis meses para entregar las firmas requeridas a la Junta Electoral de Andalucía desde la admisión de la Proposición por parte del organismo".

"Agotado el plazo, y en su caso la prórroga, sin que se haya hecho entrega de las firmas recogidas, caducará la iniciativa", se advierte en el artículo 9 de la ley andaluza que regula las iniciativas legislativas populares. Según la misma, la iniciativa tiene que alcanzar las 40.000 firmas.

CSIF ha celebrado la decisión de la Mesa del Parlamento acerca de la iniciativa que fue registrada el pasado mes de julio por el presidente del sindicato en Andalucía, Germán Girela, como miembro de la Comisión Promotora.

En una nota remitida por la entidad sindical, Girela ha subrayado que esta ILP "busca promover la tramitación de una Proposición de ley que ponga fin a esta situación". "Es un paso decisivo para que una reivindicación que afecta a miles de trabajadores públicos andaluces pueda ser debatida en el Parlamento y, de una vez por todas, se haga justicia con nuestros derechos", ha remarcado.

Asimismo, el presidente de CSIF Andalucía ha señalado que "en cuanto la Junta Electoral de Andalucía notifique que se puede iniciar la recogida de firmas, vamos a movilizar todos nuestros recursos para conseguir el respaldo necesario y que esta iniciativa siga avanzando".

CSIF ha pedido la recuperación de unas cantidades que fueron detraídas como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta en un contexto económico "excepcional y que ya no existe". El sindicato cifra la deuda en aproximadamente 2.000 euros de media por trabajador.

Asimismo, ha apuntado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De todas las comunidades que aprobaron este recorte, "Andalucía es la única que ni siquiera ha iniciado su devolución".

El sindicato ha relatado que comenzó en septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias bajo el lema 'La Junta no cumple', que continuaron el 4 de octubre de ese año con una protesta ante el Palacio de San Telmo en Sevilla. El sindicato ha señalado que también solicitó reuniones con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, "que no tuvo a bien recibirnos", y con los grupos parlamentarios para trasladarles esta cuestión.

"Unos meses después, el 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a movilizarse en las ocho provincias andaluzas para reclamar el cumplimiento de esta reivindicación y denunciar la falta de avances por parte de la Administración autonómica", ha explicado.

En esta línea, el sindicato ha recordado que, con la Ley de Presupuestos para 2025, el Gobierno andaluz derogó, entre otros, los artículos 6 y 17 de la Ley 3/2012, que establecía medidas de reducción retributiva para los ejercicios 2013 y 2014, "dejando así sin efecto los recortes a altos cargos y al personal directivo del sector público".

"Es injustificable que el Gobierno andaluz no dudase ni un minuto en derogar la normativa necesaria para subirse el sueldo, pero no reparase en que las empleadas y empleados públicos tienen derecho a cobrar lo que es suyo. Máxime cuando el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, reclamaba acabar con esta situación y llegó a comprometerse en su programa electoral de 2018", ha denunciado Girela.

CSIF ha hecho un llamamiento al conjunto de los empleados públicos y a la ciudadanía andaluza para que respalden la iniciativa una vez se abra el período de recogida de firmas.

"Con la admisión a trámite de esta iniciativa damos un paso más para hacer justicia, pero ahora llega el momento de que los andaluces muestren su apoyo con su firma a quienes sostienen nuestros servicios públicos y han demostrado de sobra su compromiso durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, la pandemia por la COVID-19", ha concluido.