SEVILLA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha apelado este lunes a la responsabilidad individual porque "es imposible que haya un policía nacional, local o un guardia civil detrás de cada una de las actividades, de cada uno de los individuos que conforman esta gran tierra que es Andalucía".
Así se ha manifestado el delegado en una acto en Sevilla tras ser preguntado por el desalojo de una fiesta ilegal con más de 1.200 personas en la noche del sábado al domingo en una parcela de la localidad gaditana de Vejer de la Frontera.
El delegado ha expuesto que en "todo lo que tenga que ver con el consumo y horarios, son la Junta de Andalucía y los ayuntamientos los que deben de controlar esa acción" porque "hay una normativa que no es de ahora, que ya más antigua, que prohibe el consumo de alcohol en la vía pública".
En ese sentido, lo que defiende que sí ha hecho el Gobierno "siempre" desde la Guardia Civil o la Policía Nacional ha sido "una labor de coordinación y apoyo permanente" que en el pasado se materializaba en los controles a los accesos de los municipios confinados y ahora, "cuando se trata de consumo en la vía pública y fuera del horario establecido de venta de alcohol, tanto los establecimientos Policía Local, como en la vía pública la Guardia Civil y Policía Nacional, han colaborado estrechamente y van a seguir haciéndolo".
Fernández ha destacado que la Nacional y la Benemérita están "absolutamente tensionadas y muy centradas" en evitar los botellones, y en aquellos lugar donde hay más contagios de covid, como Conil de la Frontera (Cádiz) y otros municipios, se está reforzando la presencia de patrullas en aquellos puntos y horarios donde, "según los propios responsables municipales", se está produciendo mayor nivel de concentración en cumplimiento a la normativa en cuanto a consumo de alcohol.
El delegado ha resaltado que es la Junta de Andalucía la que tiene que tomar las decisiones para evitar los contagios y ha subrayado que las comunidades autónomas "tienen herramientas e instrumentos que les habilita la normativa vigente para tomar decisiones que puedan reducir esa incidencia".
