SEVILLA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
Podemos Andalucía ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la Cámara autonómica por la que quiere que el Parlamento andaluz exprese su rechazo a las condenas dictadas sobre los 53 activistas del movimiento popular del Rif (Hirak) por el Tribunal de Apelación de Casablanca el pasado martes 26 de junio; así como que se cree una comisión de trabajo en Andalucía para analizar el papel de la cooperación al desarrollo en Marruecos.
En la iniciativa, recogida por Europa Press, Podemos plantea que el Parlamento andaluz manifieste su rechazo a cualquier actuación limitante o represiva del libre derecho de manifestación pacífica que se deriva de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como que, en sintonía con las declaraciones de la dirección de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el norte de África, condene la naturaleza "extremadamente injusta" de los juicios y sentencias dictadas el referido caso de los 53 activistas.
Asimismo, el grupo morado pide que el Gobierno andaluz inste al Ejecutivo central para que le reclame a las autoridades marroquíes que investiguen exhaustivamente las denuncias de torturas realizadas por las personas detenidas, pongan a disposición judicial a las personas que estén detrás de estos posibles abusos y reparen convenientemente a las víctimas. Además de la anulación de las condenas y la liberación inmediata tanto de los 53 activistas condenados como del resto de activistas del Hirak detenidos.
Igualmente, Podemos solicita al Ejecutivo que preside Susana Díaz que cree una comisión de trabajo en la que estén representados todos los grupos parlamentarios, con el mandato de emitir un informe de evaluación sobre los programas y proyectos de la cooperación directa de la Administración autonómica desarrollados en los últimos diez años en las provincias de Alhucemas y Nador y su impacto.
En el mismo quieren que se incluya una valoración del grado de corresponsabilidad de las autoridades marroquíes respecto a estos objetivos, de forma que este informe se finalice en el plazo de seis meses desde la aprobación de esta iniciativa y sus conclusiones se presenten ante el Parlamento de Andalucía.
En la misma línea, la formación que lidera en Andalucía Teresa Rodríguez plantea que la Junta suspenda provisionalmente la puesta en marcha de nuevos actuaciones de cooperación directa realizadas conjuntamente con administraciones marroquíes en las provincias de Alhucemas y Nador, "en tanto en cuanto no se valoren las conclusiones del informe presentado por la comisión de trabajo citada en el apartado anterior".
Según recuerda Podemos, el martes 26 de junio de 2018 se conoció la sentencia del Tribunal de Apelación de Casablanca, que, tras ocho meses de juicio, condenó a 53 activistas rifeños a penas que van desde los dos hasta los 20 años de prisión en aplicación del artículo 201 del Código Penal marroquí, que prevé penas para aquellos que atenten contra la seguridad interior del Estado y provoquen la "devastación y la masacre".
"Todos ellos son jóvenes líderes de un movimiento cívico popular, cuyas reivindicaciones están relacionadas con la puesta en marcha de un programa de medidas sociales, económicas, legales y de desarrollo de derechos y libertades fundamentales, ninguna de estas reivindicaciones tiene contenido alguno que se pueda relacionar con el secesionismo o la ruptura del Estado", defiende Podemos para explicar que durante semanas, el movimiento popular del Rif realizó concentraciones y manifestaciones pacíficas en las calles de Alhucemas, Imzourcn y otras localidades de la zona donde "esgrimieron como únicas armas del debate los lemas y los cánticos", si bien "la respuesta de las autoridades marroquíes fue el silencio, la falta de diálogo respecto a las propuestas formuladas, la prohibición y la represión".
Tras lamentar que "cientos de efectivos policiales y militares invadieron las calles de las ciudades del Rif y provocaron escenas de violencia" y explicar que dos activistas fallecieron "como consecuencia de actuaciones policiales", el partido morado relata que desde mayo de 2017 "las autoridades marroquíes han detenido a 798 activistas, tanto hombres como mujeres, entre los que se encuentran 158 menores de edad", de los que permanecen en prisión 311 distribuidas en diez cárceles de todo el país.
"La historia, el presente y el futuro del pueblo andaluz están íntimamente ligados a los pueblos del vecino Marruecos y, entre ellos muy particularmente al del pueblo rifeño hermano", sostiene Podemos para defender que "Andalucía no puede mirar hacia otro lado ante la persecución a la que se ha sometido al movimiento popular del Rif, considerado un movimiento cívico pacífico inspirado en principios de justicia social y desarrollo democrático que aspira legítimamente al desarrollo del territorio de las provincias de Nador y Alhucemas".
A su juicio, las instituciones públicas andaluzas, que mantienen relaciones con el Reino de Marruecos, "deben guiarse teniendo en cuenta los objetivos marcados en el Estatuto de Autonomía para Andalucía que, en su articulado, enumera, entre otros, el fomento de la cultura de paz y el diálogo entre los pueblos y la cooperación internacional con el objetivo a contribuir al desarrollo solidario de los pueblos".
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