Podemos rechaza la terminal de cruceros en el Puerto de Motril (Granada) y pide informes a las administraciones

MOTRIL (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

Podemos Andalucía ha presentado alegaciones ante la Autoridad Portuaria de Motril (Granada) en relación con la solicitud de concesión demanial promovida por la mercantil MDT Port Investments, S.L., para la ocupación de 2.494 metros cuadrados de dominio público portuario destinados a una infraestructura de recepción y atención de pasajeros de cruceros internacionales.

A su vez, ha registrado, sobre la misma cuestión, preguntas en el Congreso dirigidas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que preside Óscar Puente.

En comparecencia ante los medios este miércoles, la portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha asegurado que pese a presentarse "como una simple concesión de uso portuario, el proyecto constituye, en realidad, la implantación de un modelo turístico con un impacto que excede ampliamente el ámbito del puerto".

Sostiene que el proyecto "afecta directamente a la movilidad de la costa granadina y del interior de la provincia, a la capacidad de acogida de Granada, a la conservación de su patrimonio histórico y natural, y al funcionamiento de las redes estatales de carreteras".

Según explica Podemos Andalucía, durante 2024 se impulsó un procedimiento para construir una gran terminal privada de cruceros de unos 60.000 metros cuadrados de superficie terrestre y más de 72.000 metros cuadrados de lámina de agua, con capacidad para 350.000 cruceristas al año y una concesión de hasta 75 años.

Aquella iniciativa, que contó con amplia difusión institucional, no llegó a materializarse.

La formación sostiene que el proyecto actualmente en información pública es, en la práctica, una reformulación de aquella actuación, "ajustada al centímetro para situarse por debajo del umbral de 2.500 metros cuadrados que la Ley de Puertos exige para poder acudir a concurso o trámite de competencia de proyectos".

De superar esa superficie, la normativa portuaria obligaría a una convocatoria pública en la que pudieran concurrir distintos proyectos, en lugar de la adjudicación directa a un único solicitante, según matiza.

PREGUNTAS EN EL CONGRESO

En la misma línea se sitúan las preguntas realizadas en el Congreso por la diputada por Granada, Martina Velarde, que ha emplazado a Óscar Puente a responder por escrito a seis cuestiones relevantes sobre el proyecto.

Entre ellas, si el Gobierno piensa "acordar la paralización cautelar del procedimiento de adjudicación o autorización de la terminal privada de cruceros hasta que exista una evaluación integral, pública e independiente de su impacto sobre la ciudad de Granada, la Alhambra, el Albaicín, el centro histórico y los servicios municipales afectados".

También reclama conocer si el Gobierno "piensa actuar antes de que una decisión administrativa de larga duración comprometa el futuro turístico, patrimonial y urbano de Granada o va a continuar en la inacción, que podría convertir este expediente en una hipoteca para la ciudad y en un precedente irreversible".

Podemos Andalucía subraya que, aunque el expediente se limita formalmente a una parcela de menos de 2.500 metros cuadrados, sus efectos reales alcanzan al conjunto de la provincia de Granada.

La formación calcula que el proyecto permitiría pasar de los aproximadamente 100.000 cruceristas anuales actuales a 350.000, con escalas de entre 3.000 y 4.500 pasajeros cada una, lo que generaría un notable incremento del tráfico en la autovía A-44 y en los principales accesos hacia Granada, Sierra Nevada y la Alpujarra.

Otro de los aspectos controvertidos del proyecto es su vigencia: un horizonte de 50 años ampliables hasta 75 años, que para Velarde "no puede aprobarse sin cláusulas de revisión periódica, límites de capacidad, mecanismos de reversión, control público efectivo y posibilidad real de rescate o modificación si el modelo produce daños sociales, urbanos o patrimoniales".

Entre los argumentos de fondo, Podemos Andalucía señala que el turismo de cruceros ofrece un retorno económico muy limitado para el territorio.

El empleo generado, añade la formación, sería además reducido y en muchos casos temporal y precario, mientras los costes de limpieza, mantenimiento y seguridad recaerían sobre el conjunto de la ciudadanía andaluza.

Por último, Podemos Andalucía reclama que, antes de resolver sobre la concesión, la Autoridad Portuaria de Motril solicite informe a todos los organismos y administraciones con competencias afectadas por el proyecto, entre ellos; el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Puertos del Estado y Junta de Andalucía.