SEVILLA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Fomento del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Juan Bueno, y el parlamentario popular y presidente del PP de Cádiz, Bruno García, han destacado este miércoles que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) "no puede intervenir en las sentencias judiciales sobre viviendas irregulares", que "son consecuencia del enorme problema generado por los anteriores gobiernos socialistas al dejar a miles de familias en una situación de tremenda inseguridad por inacción política y legislativa".
Bueno y García han contestado así a Unidas Podemos y al PSOE-A, que durante la Comisión de Fomento, según han expuesto en un comunicado, "han querido culpar a la Consejería de las resoluciones judiciales que afectan a viviendas irregulares en las localidades gaditanas de Conil, Barbate, Vejer y El Palmar, cuyos propietarios se han concentrado este miércoles ante el Parlamento de Andalucía".
Los parlamentarios populares han aclarado que son viviendas "afectadas por la legislación anterior y con procedimientos penales iniciados hace bastantes años" y que "ni la Lista ni el reglamento de la Ley pueden cambiar el código penal".
Asimismo, han destacado que la Consejería ya tiene en marcha una mesa técnica con los ayuntamientos de dichos municipios. En este sentido han subrayado que "muy al contrario de lo que ocurría con las leyes del PSOE, la Lista es clara y el reglamento que se está ultimando mejorará la figura urbanística del Asimilado Fuera de Ordenación (AFO)", para dar solución a miles de familias en Andalucía.
Ambos han señalado que para que una vivienda pueda acceder a la declaración de AFO por parte de la administración "tiene que cumplir con unas condiciones administrativas y de seguridad, salubridad y habitabilidad muy concretas". "El reglamento se está completando escuchando a todas las partes, y la Consejería tiene abiertas todas las líneas de comunicación", de manera que "si hace falta se mejorará la redacción para aclarar que, una vez lo solicite sus propietarios, los ayuntamientos han de declarar la edificación en situación de AFO si se cumplen los requisitos legales".
También han pedido a UP y PSOE "que abandonen el oportunismo y asuman su responsabilidad ante la situación que han generado los gobiernos socialistas y de coalición de izquierdas en Andalucía durante años". "Durante décadas no hicieron nada, las leyes urbanísticas eran un caos, han provocado graves perjuicios, y en tres años el gobierno del cambio le está dando la vuelta a la lamentable situación que heredamos de los socialistas", han concluido.
