GRANADA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El parlamentario y portavoz de Justicia del PP-A en el Parlamento andaluz, Juan Ramón Ferreira, ha exigido este martes a la Consejería de Justicia que ponga en marcha "ya" la oficina judicial antidesahucios aprobada en la Cámara a través de una propuesta no de ley apoyada en junio por el Grupo Popular e IU.
Según Ferreira, que ha comparecido en rueda de prensa en Granada junto al concejal de Familia Bienestar Social en el Ayuntamiento de la Capital, Fernando Egea, la oficina atendería, desde que se dicta el primer auto, a muchos afectados por los procedimientos de lanzamientos, "de manera gratuita y sin ningún coste para la administración".
En ese sentido, Egea ha recordado que el pasado mes de diciembre el Ayuntamiento de Granada firmó un protocolo con el Decanato de los Juzgados para la puesta en marcha de esta experiencia de manera pionera. El objetivo era garantizar una adecuada información y coordinación entre los funcionarios judiciales y los servicios sociales municipales, para que estos pudieran ponerse en contacto con los afectados desde los primeros instantes del proceso "y así poder plantear soluciones al desalojo con un margen temporal adecuado".
Fernando Egea ha destacado que el propósito "es poder atender el mayor número posible de afectados por un desahucio durante los tres primeros días para que a través de un acuerdo, de mediación, de asesoramiento jurídico o de la búsqueda de una vivienda alternativa, se pueda resolver la situación de los afectados".
El edil 'popular' ha añadido que desde la puesta en marcha de este servicio se ha atendido a 32 familias y que entre el 60-70 por ciento de los casos que se han canalizado a través de este servicio en la capital se han cerrado con una solución adecuada.
Por ello, en opinión del concejal, "es incomprensible y antisocial que el PSOE en el Parlamento andaluz votara en contra de dicha iniciativa que nada más que en Granada capital ha ofrecido una respuesta a una treintena de familias y que de extenderse de manera genérica a toda Andalucía podría beneficiarse "a muchas decenas de familias en la provincia y a varios cientos en la comunidad autónoma".
El parlamentario Juan Ramón Ferreira ha coincidido con Egea en reclamar al Gobierno andaluz la extensión e implantación de este servicio a toda Andalucía porque "además de ser una obligación al haberse aprobado en la cámara autonómica, se trata de una urgencia social y de un servicio muy útil para las familias afectadas por una posible pérdida de su vivienda".
En la misma línea, Ferreira ha recordado que en octubre de 2014 se formularon dos preguntas parlamentarias en la Comisión de Justicia instando al Consejero del ramo a que explique "por qué no se ha cumplido con el mandato parlamentario cuatro meses después de su aprobación". El parlamentario ha lamentado que el consejero de Justicia, Emilio Llera, se haya excusado "en supuestas dificultades administrativas" para negar la implantación de una "iniciativa sencilla, eficaz y sin coste".
Por ello, Ferreira ha hecho suyas las palabras de algunos de los funcionarios impulsores de la iniciativa que han afirmado que el consejero "se dedica a complicarlo todo, a echar dinero dónde no hace falta y a buscar problemas organizativos dónde no existen".
"No alcanzo a entender por qué la creación de una oficina judicial antidesahucios que sería gratuita tanto para los usuarios como para la administración no se lleva a cabo", ha aseverado Juan Ramón Ferrerira, que ha lamentado la "falta de sensibilidad" del PSOE en Andalucía, "que son supuestamente defensores de lo social, y que sin embargo votan en contra de una incitativa que es totalmente beneficiosa para los ciudadanos que peor lo están pasando en estos momentos".
