PP-A llevará al Parlamento el rechazo a la ley Celáa: "Se ha planteado sin consenso y provoca división social"

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A defenderá en el Pleno del Parlamento de la próxima semana una proposición no de ley en la que se demanda la retirada por parte del Gobierno central de la nueva Ley de Educación, la Lomloe, puesto que ha sido "impuesta", ya que se ha planteado "sin consenso con la comunidad" y provoca una "división social por la eliminación del español
como lengua vehicular", al tiempo que "elimina el derecho de las familias más vulnerables a elegir la educación que quieren para sus hijos", así como el de las familias con hijos con necesidades especiales.

El portavoz de Educación del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Miguel Ángel Ruiz, ha presentado este jueves la iniciativa, apuntando que los padres "tenemos derecho a elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos" y para poder elegir
necesitamos que haya distintas opciones que estén financiadas por el Estado, porque si no las familias con menos recursos no podrían elegir".

Ha alertado de que "con la reforma educativa de Pedro Sánchez sólo podrán elegir quienes puedan pagarlo". "Eso es tremendamente injusto, no sólo porque van a acabar con los centros concertados, sino también porque quieren acabar con los colegios
de educación especial", ha dicho.

En este sentido, ha explicado que es necesario que desde el Estado se "garantice expresamente el derecho que asiste a las familias con hijos con necesidades especiales a decidir si escolarizarlos en aulas ordinarias, en aulas específicas dentro de los centros ordinarios o en centros específicos de educación especial".

Además, el PP-A pide en la iniciativa "mantener el concepto de demanda social como base para garantizar la libre elección de centro educativo, salvaguardando la autonomía de los centros para desarrollar su proyecto educativo según su carácter propio y garantizando la no discriminación del alumnado en función del tipo de centro que su familia, en el ejercicio de su derecho fundamental, haya escogido".

Según Ruiz, la conocida como Ley Celáa debe "frenarse" porque "permitir la imposición de los separatistas de eliminar el español como lengua vehicular de la enseñanza en determinadas comunidades autónomas, lo que supone un claro atentado contra el artículo 3.1 de nuestra Constitución, que establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla".