Actuación de la Policía Local de Sevilla en un intento de ocupación de una vivienda deshabitada. Foto de archivo - EMERGENCIAS SEVILLA - Archivo
SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PP-A defenderá el jueves en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que se insta a la Junta a demandar al Gobierno central que apruebe de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas, y que refuerce las medidas actualmente existentes en el ordenamiento jurídico, tanto a nivel penal como administrativo y civil.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Grupo Popular también pide el Parlamento exprese su "firme compromiso con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas", un compromiso que es compatible "con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentren en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda".
Asimismo, se pide el apoyo de la Cámara a las modificaciones legales y las medidas incluidas en la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.
Según el PP-A, los datos evidencian que la ocupación ilegal es un problema creciente tanto en Andalucía como en el conjunto de España, que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución Española, sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de las personas y bienes.
Añade que esta alteración de la convivencia vecinal se produce por la proliferación de bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente.
Según ha explicado el PP-A, en los últimos años, se han producido avances legislativos en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas como ocurrió en 2018 a través de la Ley 5/2018 que modificó la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas acortando plazos y agilizando procedimientos.
No obstante, entiende que a la vista de como está creciendo el problema en este momento, es necesario "reforzar el ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y para proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica, además de luchar activamente contra la mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio".