SEVILLA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
El vicesecretario de Sectores Productivos del PP-A, Pablo Venzal, ha manifestado este domingo que la "estrategia" de la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, para "proteger sus intereses personales y electorales" puede "derivar en impunidad de delitos, en la prescripción y en la pérdida de cientos de millones que no serán reclamados", en el marco del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, cuya 'pieza política' seguirá juzgándose a partir de la próxima semana en la Audiencia Provincial de Sevilla.
En una atención a medios en Sevilla, Venzal ha recordado así que esta próxima semana se volverá a ver la imagen de dos expresidentes de la Junta --Manuel Chaves y José Antonio Griñán-- sentados en el banquillo de los acusados, mientras la presidenta de la Junta "sigue preocupada sólo por su imagen y manteniendo una estrategia para proteger sus intereses personales y electorales".
Según informa el PP-A en una nota, Venzal se ha referido al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) presentado a finales de año por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, que pidió el archivo de la denominada 'pieza política' de la macrocausa de los ERE y no ejerce la acusación particular en la misma.
Desde el PP-A recuerdan al respecto que la causa fue dividida en piezas separadas, de forma que algunas ya se instruyen, otras están vistas para juicio, y hay una rama principal que se enjuicia desde el 13 de diciembre en la Audiencia de Sevilla. Esta semana se retoma el juicio oral que sienta a los expresidentes Chaves y Griñán en el banquillo.
El dirigente 'popular' ha censurado que "la actuación irresponsable del Gobierno andaluz de Susana Díaz, que decidió pedir el archivo de la pieza política para proteger a sus padrinos en la Junta y en el PSOE, ha derivado en que no exista la acusación particular, que sería el Gobierno andaluz, con lo que se da la paradoja de que se juzgan delitos sin que esté presente quien teóricamente es la víctima".
Las únicas acusaciones presentes actualmente en la causa del procedimiento específico son el Ministerio Público y las acusaciones populares del PP y Manos Limpias.
Pablo Venzal ha recordado que, al ser admitido el recurso del exconsejero Antonio Fernández para no ser juzgado más de una vez por los ERE en las distintas piezas, tanto éste como otros ex altos cargos de la Junta sólo se sentarán en el banquillo en la rama principal, donde no está el Gobierno de Díaz como acusación particular, según ha insistido.
"Ahora Díaz presenta un recurso de amparo al TC porque no tiene posibilidad de ejercer la acusación contra ellos en ningún momento, ni de pedir responsabilidades penales, ni tampoco puede reclamarles el dinero como responsables civiles del fraude", ha indicado.
Para el citado vicesecretario del PP-A, "todo forma parte del circo y la impostura de Susana Díaz con este asunto". "Díaz mentía cuando decía que habría tolerancia cero con la corrupción, ha obstaculizado la labor de la Justicia, ha seguido una estrategia de brazos caídos durante la instrucción de la causa, de manera que no tuviese que dejar en evidencia, pidiendo responsabilidades en los tribunales, a 20 años de gobiernos socialistas que están sentados en los banquillos".
En el recurso, según explica el PP-A, la Junta pide la anulación de la decisión de la Audiencia de Sevilla de impedir que los altos cargos sean juzgados más de una vez. El argumento que centra esa petición es que los hechos de la rama principal no engloban la concesión de las distintas ayudas, por lo que, aunque fueran juzgados múltiples veces, cada vez lo serían por hechos distintos.
"NERVIOSISMO" EN LA JUNTA
A juicio de Venzal, el recurso del Gobierno andaluz es una muestra del "nerviosismo creciente" en la Junta, que ve que lo que ocurre durante el juicio a la 'pieza política' "puede desgastar enormemente la imagen de Susana Díaz en un año preelectoral, y sin embargo no podrá actuar en los juzgados al no ejercer la acusación particular".
El PP considera "sorprendentes" algunos de los argumentos esgrimidos por la Junta en su recurso, al pedir que se anule tal decisión de la Audiencia "porque fue adoptada en agosto, mes inhábil". "Cabe recordar que, con la intención de agilizar esta macrocausa se decidió que para el 'caso ERE' el mes de agosto fuera hábil", ha apostillado.
El vicesecretario del PP andaluz ha destacado además que "los servicios jurídicos de la Junta reconocen en su escrito que estamos ante delitos de corrupción, desdiciendo a la propia Junta al chocar con los intentos del PSOE y de la propia Díaz de descafeinar el asunto reduciéndolo a una serie de irregularidades administrativas".
No obstante, para el PP-A, "lo más preocupante es el reconocimiento de los propios servicios jurídicos del Gobierno andaluz de que hay hechos que podrían quedar impunes, al no poder ser perseguidos por la Junta en los tribunales, a pesar de enorme quebranto provocado a la Hacienda pública".
"Además de ese riesgo de impunidad está la imposibilidad de reclamar la devolución del dinero como responsables civiles a los altos cargos si resultan condenados", según ha avisado Venzal, que ha apuntado que "esa responsabilidad la puede ejercer el perjudicado, la Junta, que no podrá ir en ninguna pieza contra los ex altos cargos".
Según Venzal, "el PP llevaba razón cuando se opuso a dividir el caso". "No sólo ha habido prescripciones, sino que además hay riesgo de impunidad e imposibilidad de recuperar el dinero defraudado a pesar de que los hechos, según la propia Junta, son delitos de corrupción y han provocado un enorme quebranto a la Hacienda pública", ha enfatizado.
No obstante, ha recordado que la decisión de pedir el archivo de la causa fue del Gobierno andaluz, y que, "ante las consecuencias que ahora se empiezan a vislumbrar, el PP pedirá explicaciones en el Parlamento para saber y responsabilidades a la Junta para saber si responde a una estrategia política o jurídica", ya que "entendemos que detrás de este despropósito hay una estrategia política para no tener que actuar contra los gobiernos socialistas anteriores y culpar de ello a la administración de Justicia".
"Frente a un Gobierno de Susana Díaz ausente del procedimiento y a un PSOE que defiende a sus dirigentes y sus intereses políticos, el PP se ha convertido en el defensor de los ciudadanos y del interés general", ha concluido Pablo Venzal.
