CSIF pide al PSOE "una subida salarial justa" para los empleados públicos y "mejoras" para el personal de las prisiones
CÓRDOBA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral, ha valorado este miércoles la reunión mantenida con representantes del CSIF en la sede provincial de su partido, en la que ha trasladado al sindicato la propuesta del PSOE para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad.
Según ha informado el PSOE en una nota, Mayoral ha subrayado la importancia de la reunión mantenida, enmarcada en la voluntad del Gobierno de España de "mantener una escucha activa y permanente con el colectivo de trabajadores penitenciarios", a los que "reconocemos su labor diaria, su compromiso con la legalidad y la reinserción, y estamos aquí para escuchar y avanzar en soluciones reales a sus demandas".
Durante el encuentro, Mayoral ha puesto en valor la propuesta registrada por el Grupo Parlamentario Socialista para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, "una iniciativa que responde a una reivindicación histórica del sector" y que, en este caso, "es una Proposición de Ley seria, dialogada con los sindicatos, incluido el CSIF, y que busca proteger aún más el trabajo de quienes garantizan el orden y la convivencia en nuestros centros penitenciarios", y "ahora le toca al PP decidir si quiere sumarse a esta iniciativa o, en cambio, seguir bloqueando este avance", ha señalado.
El diputado cordobés ha agradecido "el esfuerzo, la entrega y la profesionalidad" del personal penitenciario, destacando que su papel "es esencial en el funcionamiento del Estado de Derecho", y, como muestra del "compromiso" del Ejecutivo central con el sistema penitenciario, Mayoral ha recordado que "el Centro Penitenciario de Córdoba contará con una inversión de cinco millones de euros dentro del plan estatal de modernización de infraestructuras".
CSIF
Por su parte y según ha informado CSIF en otra nota, el presidente de dicho sindicato en la provincia, Antonio Rafael López, y representantes sindicales de Instituciones Penitenciarias en Córdoba, le han planteado a Mayoral en dicha reunión "la necesidad de aprobar una subida salarial justa para los empleados públicos, así como una oferta pública adecuada, sin tasa de reposición y la aplicación de las 35 horas semanales para todas las administraciones".
En cuanto a las instituciones penitenciarias, la central sindical ha iniciado con esta reunión una ronda de contactos con todos los partidos para "promover una mejora de la seguridad en las cárceles, tras el aumento de las agresiones a funcionarios de prisiones" y, por eso, le han planeado al diputado socialista que "el reconocimiento como agentes de la autoridad debe aplicarse para todo el personal penitenciario e incluir los principios de veracidad e indemnidad, además de ofrecer la cobertura jurídica necesaria".
Junto a ello, el sindicato ha informado que ha iniciado una negociación con Instituciones Penitenciarias para establecer un nuevo protocolo contra agresiones en los establecimientos penitenciarios, "que sustituya al actual Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social (Peafa)". CSIF retiró su firma del mismo "por los constantes incumplimientos de la Administración y la ausencia de avances en la consecución de los objetivos que se planteaban".
Entre las reivindicaciones planteadas por el sindicato a Alberto Mayoral se encuentran también "la concesión de más recursos materiales y humanos, una RPT completa en todos los centros penitenciarios, la actualización de los medios coercitivos acordes a la realidad actual, la implementación de los dispositivos Taser para situaciones controladas y excepcionales y de forma totalmente regulada", además de la adopción de "medidas urgentes en las cárceles y más recursos humanos y materiales, para reducir el número de agresiones a funcionarios de prisiones".
Igualmente, demandan la equiparación salarial del colectivo de trabajadores de Instituciones Penitenciarias con los de las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas, además de "una correcta clasificación de los internos", junto a "la actualización de la catalogación de las infracciones disciplinarias cometidas por la población reclusa", y también "la incorporación de medidas de protección jurídica y de apoyo psicológico al trabajador agredido", reclamando, por último, "una solución a la sanidad penitenciaria", dada "la falta de Médicos, al no cubrirse las plazas ofertadas".