PSOE-A critica que "al menos 500" vigilantes del plan de playas seguras "no están de alta en la Seguridad Social"

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE-A Javier Carnero ha advertido este jueves de que "al menos 500" de los vigilantes contratados en el marco del plan de 'playas seguras' impulsado por la Junta de Andalucía para este verano "continúan sin estar dados de alta en la Seguridad Social", algo que ha tildado de "preocupante".

Así lo ha expresado el parlamentario socialista en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno de la Cámara, donde ha formulado una pregunta a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, sobre las actuaciones que se hayan realizado desde dicho departamento en las contrataciones del citado plan.

Carnero ha tildado de "lamentable" el proceso que se ha seguido en este plan de empleo, así como la gestión del mismo, y ha pedido a la consejera de Empleo que "actúe", y que, "como autoridad laboral, trabaje" para paliar esta situación relativa a la afiliación de la Seguridad Social de los contratados.

El parlamentario socialista ha realizado esta solicitud a la consejera tras lamentar que el departamento de Empleo "parece que sólo está destinado a suplir en forma de modificaciones presupuestarias, y no a favor de la Consejería, los deseos" del consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, y "ha tenido que ver cómo la contratación extraordinaria de los 3.000" auxiliares "se ha hecho al margen" del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Carnero ha tachado esta situación de "aberración y afrenta a los trabajadores del SAE", y ha criticado que, "en vez de canalizar" las contrataciones del plan "a través de sus oficinas, que habría sido lo más lógico, sensato y seguramente bastante más legal", el Gobierno andaluz ha preferido optar por el "correo electrónico" como "la manera correcta de contratar a las personas cumpliendo con los principios de igualdad, mérito y capacidad para trabajar en una administración pública".

LA CONSEJERA DE EMPLEO DEFIENDE LAS CONTRATACIONES

La consejera de Empleo, en cambio, ha defendido que las contrataciones de los 3.000 auxiliares de playas se han realizado de acuerdo a la normativa que establece que, "en los casos en los que se elija personal empleado público de la Administración de la Junta de Andalucía, la competencia recae en la Consejería de la Presidencia a través de la Secretaría General de Administración Pública".

Además, ha replicado al parlamentario socialista que "las modificaciones presupuestarias que nos hace" el consejero de Hacienda "no tienen nada que ver con la supermodificación presupuestaria que nos ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez quitándonos 200 millones de euros" de fondos de políticas activas de empleo.

Igualmente, ha remarcado al también exconsejero socialista de Empleo que las competencias en Seguridad Social "son estatales", y ha revelado que "alguien de la familia" de Carnero "muy cercano" a él "no estuvo de alta en la Seguridad Social, y alguien muy cercano" a Rocío Blanco "le tuvo que dar de alta cuatro años para atrás".

Finalmente, la consejera ha aludido a un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), del pasado 22 de junio, en respuesta a la petición de unas medidas cautelarísimas en las que el alto tribunal andaluz defiende que "la convocatoria laboral se ha adecuado a los requisitos previstos en el artículo 13 del sexto convenio de la Junta en atención a la pertenencia al grupo quinto de los puestos de trabajo ofrecidos en las contrataciones", y "rechaza la existencia de la infracción alegada".

RESERVA DE CUPO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El plan de playas seguras ha sido también objeto de otra pregunta que ha dirigido el PSOE-A --a través de su parlamentario Javier Fernández-- al Gobierno andaluz en la sesión de control; en este caso, al consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.

En concreto, el parlamentario socialista ha acusado a la Junta de "incumplir" el artículo de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que obliga a fijar una reserva de plazas en las ofertas de empleo público y en las bolsas de trabajo temporal de un cupo no inferior al 10% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.

Bendodo ha replicado que se no ha producido "ningún incumplimiento", y que "la contratación por la vía de emergencia se ha hecho dando prioridad a las bolsas de trabajo de personal laboral que estaban vigentes desde hace muchos años", y donde "se recogía esa reserva de plazas" para personas con discapacidad.

Además, ha indicado que "la contratación de emergencia se mantendrá el tiempo que dure la alerta sanitaria, y se ha recurrido a ella para todos los puestos que ha requerido la administración durante estos meses, no sólo para los auxiliares de playas".

El diputado socialista ha respondido acusando al Gobierno andaluz de evidenciar en este caso "lo que le importan las personas con discapacidad", que han sido "uno de los colectivos más dañados con la política que se ha llevado" desde el Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos.

"Demuestra que para su gobierno no es ningún tipo de interés ni prioridad la inserción laboral de las personas con discapacidad", según ha incidido Fernández, quien ha acusado a Bendodo de estar "justificando lo que no debe justificar nunca, que se ha olvidado de las personas con discapacidad" en una acción que la Junta, según ha apostillado, ha usado "para contratar a sus amigos y de su partido como vigilantes de playa".

Bendodo ha zanjado el debate subrayado que esto no va de "darse golpes en el pecho", porque "todos estamos comprometidos" con las personas con discapacidad, y sosteniendo que los socialistas son "conscientes de que se ha cumplido la ley" en estas contrataciones, así como que el de playas seguras es "un buen plan de empleo, hecho con transparencia".

Finalmente, el consejero portavoz ha concluido recomendando al diputado socialista que "no hable más de listas", y negando que él haya "metido a nadie" entre los vigilantes contratados. "En política, escupir para arriba no es un buen ejemplo", ha zanjado Bendodo.