El PSOE-A lleva al Parlamento una propuesta de grupo de trabajo que revise los criterios universitarios de acreditación

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía ha registrado una proposición no de ley en la Comisión de Economía y Conocimiento en la que, entre otros aspectos, se sugiere respaldar la creación de un grupo de trabajo, dependiente de la Conferencia General de Política Universitaria, que revise los criterios establecidos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca) para la carrera profesional docente e investigadora y dé como resultado un informe de situación.

En el texto de la propuesta, suscrito por el portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez, y consultado por Europa Press, también se insta a que, una vez se elabore el referido informe, se consensúe un cambio de los actuales criterios de evaluación de la Aneca donde se tengan en consideración "todos los aspectos que confluyen en una carrera universitaria"; se contemple como figura normal de profesorado en esta etapa de enseñanza las de cuerpos docentes y, en particular, la figura de profesor titular de universidad; y se establezcan baremos que incorporen seguridad jurídica, de tal forma que no se disuada a solicitar la acreditación.

Asimismo, el PSOE invita a la Cámara andaluza a que se muestre a favor de que se abra un proceso de negociación entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; las comunidades autónomas; la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas; y el resto de agentes sociales para definir una estrategia universitaria con horizonte 2030.

Exponen los socialistas que, hasta el momento en que la Ley Orgánica de Universidades (LOU) amplía en el año 2001 las opciones de contratación de profesorado universitario, el grueso de este colectivo lo componían los funcionarios de cuerpos docentes --catedráticos y profesores titulares--, que se complementaban con los profesores visitantes, los profesores asociados y los ayudantes, cuya incorporación a la actividad universitaria tenía un carácter temporal.

Con la aplicación de esta ley se crea, además de la figura de profesor emérito, las de profesor ayudante doctor, profesor colaborador y profesor contratado doctor, cuya contratación se autoriza dentro del régimen laboral, estableciéndose como límite que los funcionarios del cuerpo de docentes universitarios sean, al menos, el 51 por ciento del total.

Asimismo, se modificaron los sistemas de acceso a los cuerpos docentes, instaurando en aquel momento un modelo de habilitaciones profesionales que dificultaba el acceso a la función pública docente universitaria y que era ajeno a la regulación precedente prevista en la Ley de Reforma Universitaria de 1983.

"CONGELACIÓN FORZADA" DE PLANTILLAS

Este sistema de habilitación fue sustituido por otro de acreditación con un decreto por el que se establece la acreditación nacional para los cuerpos docentes universitarios que estaría a cargo de la Aneca, ofreciéndose con ello una perspectiva a largo plazo para el desarrollo de la carrera profesional en el ámbito docente e investigador.

"Tras varios años con el sistema de acreditación paralizado, en el año 2016 se realizó una actualización de los baremos de acceso a la figura de profesor titular y catedrático, añadiendo nuevos indicadores y cambiando las condiciones de la evaluación, como la desaparición de la valoración numérica de los méritos", incide el Grupo Socialista.

Estos cambios no tardaron en despertar el "malestar" de la comunidad universitaria, "que veía que sin ningún tipo de diálogo previo se endurecían considerablemente los requisitos, con diferencias significativas entre áreas". Una de las críticas más repetidas señala que muchos de los integrantes de las comisiones de evaluación "serían incapaces de lograr su propia acreditación en las condiciones actuales".

Las novedades incorporadas en noviembre de 2017 "no han dado respuestas", según el PSOE, pues, aunque se han mejorado ciertos aspectos, "se conservan los cambios fundamentales" tras un proceso de diálogo abierto con los sindicatos y la Conferencia de Rectores, "dos colectivos que han criticado la postura del Gobierno de España por no permitir una negociación profunda sobre un aspecto clave para el futuro de la universidad española".

Los socialistas, que hacen hincapié en que el endurecimiento de los criterios se produce dentro de un extenso periodo donde permanece vigente una tasa de reposición que ha pasado del 10 al 50 y ahora al 100 por ciento, critican que la "congelación forzada" de las plantillas funcionariales impide, entre otras cosas, que las universidades más jóvenes cumplan con la cuota del 51 por ciento prevista en la LOU, "situación que pone en riesgo su propia continuidad a corto y medio plazo".