PSOE-A pedirá esta semana desde el Parlamento a la Junta que deje su "bloqueo" y aplique el Plan Estatal de Vivienda

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista defenderá este próximo jueves, 17 de septiembre, en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) relativa al derecho a la vivienda con la que, entre otras cuestiones, quiere instar a la Junta a abandonar su "estrategia de bloqueo institucional" y a aplicar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Así figura entre los puntos de los que consta esta iniciativa relativa a la "defensa de la aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y del derecho a la vivienda de la ciudadanía andaluza", consultada por Europa Press y que el PSOE-A defenderá el jueves en el tramo final del primer Pleno del nuevo periodo de sesiones que ha comenzado este mes de septiembre.

De entrada, con esta PNL, el Grupo Socialista quiere que el Parlamento de Andalucía inste al Consejo de Gobierno de la Junta a "abandonar la estrategia de bloqueo institucional en relación con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, renunciando a promover un conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril", y a "formalizar de manera inmediata el convenio necesario para la plena aplicación en Andalucía del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030".

En segundo lugar, el PSOE-A plantea con esta iniciativa que el Parlamento inste al Gobierno de la Junta a "movilizar sin demora los 136,8 millones de euros correspondientes a la primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, garantizando la aportación autonómica de cofinanciación comprometida, así como a ejecutar íntegramente los fondos ya presupuestados en materia de vivienda pendientes de movilización".

De igual modo, desde el Grupo Socialista quieren que el Parlamento inste a la Junta a "aprobar, en el plazo de dos meses, un plan de choque para incrementar la oferta de vivienda protegida en alquiler destinada a personas jóvenes de hasta 35 años, con especial atención a las provincias con mayor tensión en el precio de la vivienda".

Y, también, que la Junta remita al Parlamento, "en el plazo de tres meses, un informe detallado sobre el grado de ejecución de la vivienda protegida en alquiler promovida por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), y de las actuaciones desarrolladas en aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con desglose por provincias".

LA "PREOCUPACIÓN" EN TORNO AL ACCESO A LA VIVIENDA

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa se puede leer que "el acceso a la vivienda se ha convertido en la principal preocupación" y en "uno de los principales problemas económicos y sociales" para "miles de familias y personas jóvenes andaluzas".

"Frente a esta emergencia habitacional, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros para el conjunto del Estado", continúa exponiendo la iniciativa socialista, que detalla que "a Andalucía le corresponderían cerca de 1.200 millones de euros --718,2 millones de aportación estatal más la cofinanciación autonómica--, lo que permitiría movilizar un total de 1.197 millones de euros en cinco años en políticas de vivienda, con una primera anualidad ya disponible para 2026 de 136,8 millones de euros".

En ese punto, desde el Grupo Socialista recuerdan que el Gobierno andaluz "formuló un requerimiento al Consejo de Ministros, previo al planteamiento de un conflicto de competencias, alegando que el citado Real Decreto invade competencias autonómicas", si bien "el Gobierno de España ha rechazado formalmente dicho requerimiento (...), defendiendo que el Estado tiene competencia legítima para fijar los fines, condiciones y destinatarios de una financiación que él mismo aporta".

DESDE EL PSOE-A AFEAN A LA JUNTA UNA ESTRATEGIA DE "CONFRONTACIÓN"

Para el PSOE-A, la Junta ha optado en este asunto por una estrategia de "confrontación" con el Gobierno y, "en última instancia", de "judicialización del conflicto ante el Tribunal Constitucional", y al respecto ponen de relieve que "ya había presentado previamente una veintena de alegaciones al proyecto de Real Decreto" citado.

"Esta actitud de bloqueo no es un hecho aislado", advierten desde el PSOE-A, en cuya iniciativa parlamentaria se puede leer también que el Grupo Parlamentario Socialista "ha denunciado en el Senado que Andalucía acumula 730 millones de euros presupuestados en materia de vivienda sin ejecutar en los últimos cuatro años, un 47% de lo comprometido, lo que evidencia que el problema no reside en la falta de recursos, sino en la falta de voluntad política para movilizarlos".

Además, el Grupo Socialista sostiene en su proposición no de ley que "resulta especialmente contradictorio que el Gobierno andaluz reclame constantemente diálogo y negociación previa, y que, cuando el Gobierno de España pone sobre la mesa una financiación específica y comprometida para Andalucía, opte por el rechazo frontal y por dilatar su aplicación a través de la vía jurídica".

"Esta estrategia traslada directamente a la ciudadanía andaluza el coste de una decisión estrictamente política, comprometiendo la financiación de la vivienda protegida, la rehabilitación de inmuebles y el desarrollo equilibrado del territorio", denuncian desde el PSOE-A.

En esta línea, la iniciativa socialista sostiene que "es indudable que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 da respuesta a las principales necesidades habitacionales de Andalucía, garantiza recursos inmediatos", con "136,8 millones de euros disponibles ya para 2026, dentro de un total de 1.197 millones movilizables en cinco años; prioriza el alquiler asequible" --dirigido a jóvenes menores de 35 años, mayores y familias vulnerables--, y "refuerza la cofinanciación", ya que "combina aportación estatal y autonómica para maximizar el impacto de cada euro invertido en vivienda protegida".

Por todo ello, el Grupo Socialista justifica la presentación de esta PNL a favor de la "aplicación íntegra del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030", y de rechazo a la "confrontación política que bloquea fondos ya comprometidos y necesarios para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna".