SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
PSOE-A y Podemos han solicitado al Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla la suspensión de declaraciones previstas este mes de noviembre --entre ellas, la de la actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez, como testigo-- en el marco de la investigación judicial sobre presuntas irregularidades en contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) hasta recibir información "pendiente" de remitir por la administración autonómica.
Así se desprende de sendos escritos remitidos en la última semana por el PSOE-A y Podemos --personados como acusación popular en esta instrucción-- a dicho juzgado de Sevilla, consultados por Europa Press.
En concreto, por parte del PSOE han solicitado al juzgado que, "dada la relevancia de la documentación pendiente de recibirse, resulta imprescindible para la preparación de los interrogatorios de testigos e investigados contar con la misma".
Por ello, desde el PSOE solicitan "la suspensión de, cuando menos, las cinco declaraciones testificales señaladas para el próximo día 18 de noviembre de 2025, salvo que con antelación razonable a esa fecha obre en autos toda la documentación requerida, solicitando nuevo señalamiento a la mayor brevedad posible".
POr su parte, Podemos se ha adherido a la petición formulada por el PSOE al considerar que el SAS no ha remitido toda la documentación requerida por el juzgado, incumpliendo parcialmente lo ordenado en la providencia dictada el pasado 21 de mayo.
En su escrito ante el juzgado, consultado por Europa Press y del que ha informado la Cadena SER este martes, Podemos señala que ha tenido conocimiento del escrito del PSOE, personado como acusación popular, planteando la "suspensión de las declaraciones del próximo 18 de noviembre de 2025 hasta que no sea remitida determinada documentación pendiente de recibirse, a la vista de la documentación presentada por el SAS en supuesto cumplimiento de lo ordenado en providencia de 21 de mayo de 2025".
De esta manera, Podemos "se adhiere a dicha petición, interesando la suspensión de las declaraciones del 18 de noviembre de 2025 y de 25 de noviembre de 2025, a la espera de recibir la documentación solicitada por la acusación popular del PSOE, por las razones alegadas en su escrito, a las que se adhiere esta representación", según indica Podemos.
CITACIONES PREVISTAS ESTE MES
El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado como investigados el próximo 25 de noviembre a la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y a sus antecesores en dicho cargo Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.
Asimismo, también ha citado, para el día 18 de noviembre y como testigos, a tres exinterventoras de la Junta, entre ellas la que fuera interventora general y actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez. Las otras dos citadas son la exinterventora central del SAS Blanca Pons y su interventora adjunta, María Victoria López.
También han sido citados el mismo día en condición de testigos el exdirector económico del SAS José Antonio Miranda y el exdirector de asistencia sanitaria y resultados en Salud Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás. Los testigos deberían así comparecer una semana antes de que lo hagan los exgerentes del ente.
VALORACIÓN DE PODEMOS
Para Podemos, estas comparecencias resultan "clave para esclarecer el destino de los fondos públicos gestionados bajo el paraguas de la contratación de emergencia".
No obstante, ha considerado que "no se puede avanzar en la instrucción sin contar con toda la documentación pendiente, ya que ello podría comprometer la investigación y limitar el derecho de las partes a ejercer su labor con garantías".
La secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha manifestado, en un audio remitido a los medios, que el proceso "de privatización de la sanidad en Andalucía está alcanzando unos niveles impensables", y ha denunciado que el Gobierno de Juanma Moreno, lejos de colaborar con la justicia, "se está dedicando a poner impedimentos y obstáculos en las investigaciones judiciales, donde no aportan la documentación requerida".
"El daño que se está haciendo por parte de Moreno Bonilla a la sanidad pública es muy grave, y vamos a necesitar años para poder recuperar todo lo que estamos perdiendo, por culpa de un presidente que parece que está casado con la industria sanitaria", según ha zanjado Raquel Martínez.