CÓRDOBA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del PSOE en el gobierno municipal y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Blanco, afirmó hoy sobre la anulación de la multa al empresario Rafael Gómez que la posición de su grupo será la de "mantener el principio de la legalidad en el sentido de que una actuación irregular tiene que tener una sanción administrativa".
En declaraciones a los periodistas, Blanco se refirió así al fallo de un juzgado que anula por caducidad el expediente por el que el consistorio sancionó 24,6 millones al empresario Rafael Gómez por construir ilegalmente las naves de Colecor. Sobre ello, dijo que respeta la decisión judicial y van a seguir las líneas que marca la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Córdoba, igual que se hizo con las alegaciones previas con respecto a la providencia que dictó el juez a finales del pasado mes de febrero.
Blanco explicó que seguirán los consejos de la asesoría jurídica, que "indica acatar la sentencia y abrir un nuevo expediente disciplinario de manera inmediata para impedir que prescriba la sanción", que podría ocurrir en dos semanas (el 28 de marzo). Dijo que "se va a tramitar con todo el rigor y la rapidez posible para evitar que haya cualquier tipo de perjuicio a los intereses de la ciudadanía cordobesa".
De este modo, insistió en que trabajarán "intensamente para que el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la defensa de los intereses de Córdoba no pueda quedar en duda".
La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) tenía 12 meses para iniciar, resolver y notificar la multa por la infracción cometida, un plazo fijado por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), pero tardó 13 meses y 19 días en tramitarla. El expediente se abrió el 22 de junio de 2005. Sin embargo, la resolución sancionadora no le fue notificada al empresario hasta el 10 de agosto de 2006, cuando el expediente ya había caducado.
