Actualizado 26/02/2026 12:27

Andalucía propone que el acosador se traslade de centro educativo como norma y pide abrir debate para que sea delito

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en el Pleno del Parlamento del 26 de febrero de 2026.
La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en el Pleno del Parlamento del 26 de febrero de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha expuesto en el Parlamento las conclusiones del primer Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, 'Andalucía frente al Acoso', que ha tenido lugar en Córdoba a finales de enero. En este sentido, la consejera ha destacado que la Junta ha dado "un paso de gigante" al abrir el debate sobre esta "triste realidad" con la celebración de estas jornadas.

Castillo ha informado en el Pleno a preguntas del PSOE de que su departamento va a estudiar una modificación reglamentaria para que la consecuencia para el acosador sea el cambio de centro por norma, con el objetivo de "reforzar la seguridad y protección de la víctima y la mejora de la convivencia escolar". Además, la consejera ha afirmado que, "aunque el sistema educativo andaluz cuenta con una estructura robusta de promoción de la convivencia, la protección y la salud mental de nuestros jóvenes, también es verdad que este sistema afronta nuevos retos que nos obligan a adaptarnos a los ritmos en que se producen los cambios sociales en esta era digital, caracterizada por una transformación constante".

Durante su intervención, Castillo ha detallado algunas de las propuestas para establecer un nuevo marco que permita erradicar el acoso y el ciberacoso, y que tienen que ver con establecer una edad mínima de acceso a las redes sociales para los niños y adolescentes, como ocurre ya en países como Australia, y la apertura de un debate jurídico acerca de la posible tipificación del acoso escolar como delito.

También un refuerzo de las alertas marcadas en los protocolos, para que las denuncias de las familias o miembros de la comunidad educativa sean comunicadas a la Inspección educativa desde el primer momento, con el objetivo de reforzar el asesoramiento y seguimiento de cada caso, con independencia de que la situación de conflicto se solucione con las actuaciones en el ámbito escolar con la colaboración de las familias.

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