SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha exigido a la Junta de Andalucía una prórroga extraordinaria que "asegure que los centros de menores tutelados continúen abiertos a partir del día 1 de abril" y así "evitar el abandono" de menores.
La Red ha explicado en un comunicado que "tras tres meses de impagos por parte de la Junta de Andalucía a las entidades gestoras de estos centros concertados, apenas una semana antes del inicio del mes de abril se desconoce si habrá partida presupuestaria para mantener los centros abiertos ni cuál será el destino de los menores que ahora residen en ellos si se produce el cierre", extremo que asegura que "si bien verbalmente se descarta por la Junta de Andalucía, no puede descartarse, puesto que los centros dependen de una convocatoria de subvenciones que se acaba el próximo 1 de abril de 2020".
Los centros de menores extranjeros no acompañados (MENA) en Andalucía dependen de convocatorias de subvenciones que solo cubren un período concreto, en este caso, la última convocatoria se publicó en marzo de 2020 y solo cubría de enero a marzo de 2020, "por lo que de no publicarse una prórroga extraordinaria de esta subvención, los centros, que son quienes ejercen el derecho de la Guarda de los menores, quedarían administrativamente cerrados y sin fondos", según ha detallado la Red Española de Inmigrantes.
La Red ha iniciado ante el Defensor del Pueblo Andaluz una queja que ha sido admitida a trámite por su titular. En este sentido, la Red ha explicado que el Defensor ha requerido un informe a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía "ante el potencial abandono de menores y el agravio que supone para los menores no acompañados y el conjunto de los profesionales que trabajan en estos centros".
"Esta problemática se remonta hasta diciembre de 2019, cuando la Junta de Andalucía reúne a las ONGs gestoras de centros de menores para informar de que no cuenta con recursos económicos suficientes para dar continuidad a los centros que hasta ese momento habían dado este servicio", ha señalado la entidad, que ha precisado que "esto se derivaba de la negativa del Estado a aprobar otra concesión extraordinaria de ayudas económicas a Andalucía al tratarse la tutela de una competencia propia y exclusiva del Gobierno andaluz".
Según indica la Red Española de Inmigración, "dada la situación, se solicita desde la Consejería que las entidades mantengan abiertos sus centros sin cobrar por ello y sin que existiera documento alguno que fijara que dichos menores, en tutela por la Junta de Andalucía, residían en dicho centro de forma legal". Así, ha precisado que "deja de existir relación legal entre la Junta y los centros gestores, que se hacen cargo de los menores sin garantía de cobro y sin ningún tipo de seguridad jurídica respecto a la guarda que han ejercido hasta marzo de 2020 en precario, situación que la Junta de Andalucía pretende se vuelva a dar a partir del 1 de abril de 2020".
"Si bien la concesión de los centros ya se venía haciendo a través de subvenciones de corta duración, que dificultaban la estabilidad del sistema, y con presupuestos y ratios de personal muy inferiores a las ofrecidas por otras comunidades autónomas, esto supuso un paso más en el deterioro del propio sistema de infancia migrante", han argumentado desde la Red Española de Inmigración.
La entidad ha destacado que "a pesar de las dificultades, la mayoría de entidades decidieron mantener sus centros abiertos en pro de los usuarios y esperar a que, una vez obtenidos los fondos por parte de la Junta, se procediera a convocar una nueva subvención". "No es hasta el mes de marzo de 2020 cuando por fin se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la convocatoria de subvención, momento en que las entidades ya acumulaban tres meses de impagos", ha precisado..
En este momento, las entidades aseguran que "descubren que dicha convocatoria solo cubre un total de 91 días, es decir, los tres meses transcurridos entre enero y marzo ya trabajados, sin fijar tampoco cuál será el momento en que se producirá el pago efectivo". Ante la proximidad del fin formal de una ayuda que "no han cobrado aún", los centros se encuentran "en una situación de total incertidumbre, sin saber cómo ejercer una guarda institucional que legalmente acaba el 1 de abril de 2020 y que afecta a más de 1.045 menores tutelados de origen migrante".
"La Consejería de Igualdad, cuya titular de infancia se comunicó con la Red, señaló que la Consejería de Hacienda tiene presentada la solicitud de ampliación de crédito y que depende de ellos su tramitación", ha indicado la Red. "No entramos en quién es el responsable, la Junta de Andalucía es una institución que no puede ir poniendo parches a la atención de los menores, las entidades gestoras han sido un banco que ha prestado a interés cero más de siete millones de euros en estos tres meses, anticipando todos los pagos de este trimestre y no pueden seguir, además, avocadas a más chapuzas administrativas", ha indicado el presidente de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugio, Daniel Méndez.
Por último, Méndez ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "su intervención urgente y que, mediante decreto del Consejo de Gobierno, amplíe la duración y fondos por una declaración de emergencia que dé estabilidad para el resto del 2020 a todo el sistema de MENAS de Andalucía".
