Archivo - El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en las instalaciones del Hospital Torrecárdenas de Almería. Imagen de archivo. - Marian León - Europa Press - Archivo
SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente primero y consejero de de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha convocado este próximo lunes 9 de noviembre a los miembros del Observatorio de Agresiones contra los profesionales sanitarios para presentarles el borrador del Decreto ley que endurecerá las sanciones --hasta 60.000 euros de multa--. En la consulta pública preceptiva para recabar aportaciones al texto legal, la Administración autonómica argumentaba que era necesaria la modificación del decreto que creó y reguló el observatorio hace poco más de un año para, entre otras cuestioens, "reforzar la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante la incorporación de representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la composición del observatorio".
Además, la intención de la Consejería de Antonio Sanz era "establecer una estructura territorial de apoyo al Observatorio en cada una de las provincias". Precisamente en el orden del día de la citada reunión figura la puesta en marcha de grupos territoriales y el modelo de estructura y gestión de esos grupos. "La experiencia acumulada en materia de prevención y atención frente a agresiones pone de manifiesto la conveniencia de disponer de espacios técnicos de análisis territorial que permitan conocer la realidad de cada provincia, identificar necesidades específicas, recoger buenas prácticas, valorar la implantación de medidas preventivas y trasladar propuestas al pleno del Observatorio", recoge el acuerdo de 26 de junio para crear estos equipos de trabajo.
"En este marco --continúa el acuerdo--, y sin perjuicio de los cauces operativos ya existentes en el ámbito provincial, especialmente los vinculados a la coordinación sanitario-policial, se considera oportuno crear un grupo técnico territorial en la provincia con naturaleza técnica, consultiva y propositiva, sin potestad decisoria y bajo la dependencia funcional del Observatorio". Los grupos de trabajo "en ningún caso, sustituirán o abordarán las funciones propias de la Delegación competente en materia de salud, del SAS, de los centros sanitarios, de las unidades de prevención de riesgos laborales, de los servicios jurídicos, de los interlocutores sanitarios o policiales ni de cualquiera otros órganos administrativos relacionados con las agresiones a los profesionales del servicio de salud público de Andalucía".
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado recientemente una ley integral frente a las agresiones a los profesionales del sistema sanitario que el Gobierno andaluz prevé llevar al Parlamento antes de que finalice el año y que aprobará mediante decreto ley por la "urgencia y necesidad" de la norma. "Queremos que la norma sea referente nacional, pionera, a la hora de afrontar las agresiones", ha afirmado el consejero, quien ha explicado que el texto nacerá del diálogo con los profesionales, las organizaciones sindicales, los colegios profesionales y el conjunto de las instituciones y permitirá reforzar el actual marco de protección. Contará con un régimen sancionador propio cuya tramitación será directa por parte de la Administración autonómica sin depender del procedimiento penal que pueda desarrollarse con el objetivo de "priorizar estos expedientes y agilizar su resolución".
Sanz ha señalado además que la norma abordará la reincidencia, los ataques a través de internet y las redes sociales y el acoso cibernético, además de incorporar mecanismos destinados a proteger a los profesionales que "sienten miedo cuando van a denunciar". Entre esas medidas, ha apuntado al apoyo mediante asistencia jurídica directa de los letrados del SAS y a la protección del nombre y la identidad del denunciante. Asimismo, ha indicado que la Junta pretende evitar que sea el profesional agredido quien tenga que abandonar su centro de trabajo ante este tipo de situaciones.
"Tomaremos la decisión de que el que no deba aparecer más en ese centro de salud y no vaya a recibir el encuentro una vez más con el profesional sea el atacante y no el agredido, que debe ser protegido, pero además debe ser blindado", ha señalado. En cuanto a la incorporación de las aportaciones al texto de la norma, Sanz ha defendido la fórmula del decreto ley para agilizar su aprobación, al considerar que "una ley puede durar tres o cuatro años en hacerse" frente al "carácter inmediato" de la medida.
Durante 2025, según ha detallado el titular andaluz de Sanidad, se registraron 1.976 agresiones a profesionales sanitarios, de las que el 80% fueron verbales. El sistema sanitario público andaluz cuenta con más de 50.000 dispositivos de seguridad, entre cámaras, sistemas de aviso, alarmas individuales y otros medios, además del refuerzo de la vigilancia en los ámbitos considerados especialmente sensibles. La aportación presupuestaria destinada a estas medidas se ha duplicado en los últimos años, al pasar de "poco más de 30 millones" a superar los 60 millones de euros, si bien Sanz ha considerado este incremento "todavía insuficiente".
