SEVILLA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, se ha referido este viernes al último informe elevado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a la juez que investiga el caso de los ERE irregulares y ha defendido que el Gobierno central otorgó ayudas extraordinarias para prejubilaciones "con normativa" frente a la actuación de la Junta, que lo hizo "sin amparo de ninguna norma".
En declaraciones recogidas por Europa Press tras asistir en Sevilla a la firma de sendos convenios de colaboración en materia de seguridad vial con los ayuntamientos de El Cuervo (Sevilla) y Espejo (Córdoba), Sanz se ha referido de este modo al informe en el que dicho Ministerio informa a la instructora de que no realizó ningún concurso público para las ayudas concedidas desde 2001 hasta 2011.
En este sentido, ha subrayado que "lo que ha reconocido el Ministerio tiene una diferencia importante respecto a cómo lo había hecho la Junta", ya que, según dicho informe, "ha quedado acreditado que, en el caso del Ministerio", las ayudas "se repartían al amparo de una normativa existente", como es la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995.
"En el caso de la Junta se hacía sin amparo de ninguna norma, y, en todo caso, posteriormente se hizo un procedimiento propio pero ajeno a esa orden", ha explicado Antonio Sanz. "No es lo mismo hacerlo con normativa que hacerlo sin normativa", ha querido dejar claro el delegado del Gobierno en Andalucía.
Al hilo de ello, ha dicho que la normativa "sí establecía un procedimiento, y ese procedimiento es el que se ha seguido" por el Gobierno central, mientras que en el caso de la Junta "se hacía sin seguir ese procedimiento y sin seguir esa normativa; hay una diferencia clara que queda acreditada en el informe trasladado al Juzgado".
"Creo que hay una diferencia que todos los ciudadanos seguro que saben valorar", ha sentenciado Sanz.
EL INFORME
En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el director general de Empleo, Javier Thibault Aranda, responde así al requerimiento que le realizó la juez María Núñez Bolaños el pasado mes de julio para que aportara una relación de dichas ayudas concedidas entre 2001 y 2011, que es el periodo investigado en los ERE.
La juez requirió además al Ministerio que indicara en cuáles de estas ayudas extraordinarias para prejubilaciones "se realizó concurso público", con aportación de la documentación que acredite la celebración de esos concursos públicos "caso de haberse llevado a cabo".
Asimismo, también le reclamó que informara sobre si las ayudas "eran finalmente ingresadas por algún organismo estatal o por la Subdelegación del Gobierno a las compañías de seguros que les indicaban las empresas tomadoras del seguro o la representación sindical, solicitantes ambas de las ayudas, sin realizar ningún tipo de comprobación respecto a si era o no adecuado el coste de la póliza de seguro".
En este sentido, el director general de Empleo aporta en el informe un listado de 220 ayudas concedidas entre 2001 y 2011 donde precisa las empresas que recibieron las mismas, la aseguradora, el tomador de la póliza, el organismo que efectúa el ingreso y el importe en euros de cada una de las ayudas.
No obstante, "no se aporta ninguna documentación relativa a concursos públicos de adjudicación de ayudas al no haberse celebrado ninguno en el periodo citado", apunta el director general de Empleo.
De este modo, Thibault informa a la juez de que la concesión de ayudas extraordinarias entre 2001 y 2011 se realizó en los supuestos y condiciones que se establecen en la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995, cuyo artículo tercero "establecía que las ayudas podían ser solicitadas conjuntamente por la empresa y los representantes de los trabajadores, o directamente por éstos últimos, acompañando una memoria explicativa en la que constasen los motivos por los que se solicitaba, la cobertura solicitada y el coste económico individualizado".
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
El director general de Empleo, en este informe fechado el 18 de septiembre, señala que, "a la vista de los motivos alegados y de la documentación acreditativa aportada, la Dirección General de Trabajo resolvía directamente sobre la concesión de las ayudas, condicionada a la disponibilidad presupuestaria existente".
Al hilo de ello, precisa que la Orden Ministerial de 1995 "no contemplaba, en cambio, la realización de concurso público alguno para la concesión de dichas ayudas", razón por la que la entonces Dirección General de Trabajo "tramitó todas estas solicitudes por el régimen de concesión directa".
Una forma de proceder que, según añade, "sucede en la actualidad" tras la aprobación del Real Decreto 908/2013, de 22 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.
La juez reclamó esta documentación al Gobierno tras la petición realizada a tal efecto por la defensa del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín en el marco de la pieza separada por las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva, donde están siendo investigadas 25 personas, entre ellas dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en 2003 y los ex secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y de CCOO-A, Francisco Carbonero.
