Save the Children y Unicef Andalucía reclaman reconocer la infancia como grupo prioritario en políticas de vivienda

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Save the Children y UNICEF Comité Andalucía han comparecido este jueves ante la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento de Andalucía para reclamar que la infancia sea reconocida como grupo prioritario en las políticas públicas de vivienda, en el nuevo Proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía. Paralelamente, han mantenido contactos con los grupos parlamentarios del Partido Popular, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía en la cámara, a quienes les han trasladado sus enmiendas a la ley andaluza que se tramita en la actualidad.

Según han informado las organizaciones en una nota de prensa conjunta, han incidido en que el acceso a una vivienda digna es "un derecho esencial, recogido en la Constitución Española", la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Garantía Infantil Europea (2022-2030).

Sin embargo, han lamentado que España "sigue siendo el país de la UE con mayor tasa de pobreza infantil, y el acceso a una vivienda adecuada es uno de los factores que más agrava esta situación".

En Andalucía, los datos son "especialmente alarmantes", ya que el 44,9% de la infancia vive en situación de pobreza o exclusión social y el 13,1% sufre carencia material y social severa.

Por ello, Unicef Comité Andalucía y Save the Children han instado a los legisladores a "no dejar atrás a la infancia en el diseño de las políticas de vivienda en Andalucía".

"La inclusión de la infancia como eje transversal no es solo una cuestión de justicia social, sino una inversión en el futuro de toda la sociedad", han señalado, al tiempo que han añadido que "esta es la última oportunidad para que el texto cuente con un verdadero enfoque de infancia y con medidas concretas a favor de los niños, niñas y familias más vulnerables".

El 25,8% de la infancia reside en viviendas con goteras y/o humedades o con escasez de espacio, según han señalado en la citada nota de prensa. La responsable de políticas de infancia de Unicef Comité Andalucía, Salud Mármol, ha alertado de que "no habitar en una vivienda digna afecta directa y gravemente la salud mental y en el rendimiento escolar de los niños y las niñas, perpetuando el ciclo de pobreza intergeneracional", cuestiones recogidas en el informe de Unicef España, 'Yo también vivo aquí', que "constata que los niños, niñas y adolescentes en nuestro país asumen cargas especialmente pesadas relacionadas con la vivienda y pese a ello, no se les tiene en cuenta a la hora de tomar medidas en esta materia", ha añadido.

Por su parte, el director de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca, ha asegurado en su comparecencia que "Andalucía no puede seguir diseñando políticas de vivienda que ignoren a quienes más las necesitan. La infancia debe tener llave en la política pública, porque sin vivienda digna, no hay derechos ni futuro", y ha afirmado que, en el informe 'Aquí no hay quien viva', Save the Children alerta de que solo el 6,4% del parque de vivienda en Andalucía es protegida, obligando a las familias a destinar el 33,7% de sus ingresos a la vivienda.

PROPUESTAS

Las organizaciones han presentado una batería de propuestas para garantizar que las políticas de vivienda respondan a las necesidades de la infancia y las familias vulnerables.

Entre dichas medidas está el reconocimiento explícito de la infancia como prioridad transversal, incluyendo a los hogares con hijos como grupo prioritario en el diseño, con la ejecución y evaluación de las políticas de vivienda, e incorporando a las organizaciones de infancia en el Consejo Andaluz de la Vivienda y en las comisiones de seguimiento autonómicas y estatales.

También han pedido el acceso "justo y adaptado a ayudas públicas", con la introducción de una escala progresiva de umbrales de ingresos vinculada al número de personas en el hogar, especificar el reconocimiento de las familias con niños y niñas a cargo como grupo prioritario para el acceso a ayudas a la vivienda y prioritarias en el arrendamiento y destinar un porcentaje obligatorio de la vivienda protegida para familias con niños a cargo en situación de vulnerabilidad social o económica.

Además, han incluido la protección frente a desahucios. En dicha medida, han pedido establecer garantías para la estabilidad de una vivienda permanente para las familias, que priorice la seguridad y protección de las personas menores de edad, y su acceso a servicios públicos; garantizar que no se ejecuten desahucios sin alternativa habitacional digna para familias con menores, crear un fondo de emergencia autonómico para el realojo inmediato de estas familias y elaborar protocolos específicos de atención a la infancia en riesgo de desalojo, alineados con la Garantía Infantil Europea.

Otra de las medidas ha rezado sobre los entornos seguros y saludables, donde han solicitado asegurar que las viviendas sociales incluyan zonas de juego, áreas verdes y proximidad a servicios esenciales como escuelas y centros de salud.

Entre el resto de medidas se encuentran la rehabilitación con garantías de la habitabilidad, la inclusión de familias acogedoras y jóvenes extutelados, la simplificación y accesibilidad en los trámites y los asentamientos y contextos de infravivienda.