JAÉN, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Jaén tiene previsto para esta semana que comienza el 7 de octubre la resolución de los seis recursos referidos a Matinsreg, también conocido como caso de las fuentes, y que fueron presentados contra el auto de procesamiento dictado por el juez instructor.
Entre los recursos se encuentran el del exalcalde de Jaén José Enrique Fernández de Moya (PP), y los que fueran concejales Manuel del Moral Negrillo (PP) y Miguel Ángel García Anguita (PP), así como los del propio Ministerio Fiscal.
Después de varios meses de estudio, la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha fijado el 7 de octubre como fecha de referencia a partir de la cual los tres magistrados que la conforman estarían en disposición de deliberar y tomar una decisión sobre los recursos de apelación presentados.
En definitiva, será este tribunal el que al resolver los recursos determine quién de los nueve procesados que hay en la causa se sentará en el banquillo de los acusados y por qué delitos.
En la causa aparecen como procesados junto al el exalcalde de Jaén, y de los dos concejales antes citados, el empresario y considerado "conseguidor" de la trama, J.M.A., su hija A.M.F. y su yerno R.G.C., así como el técnico municipal A.S.G. y los empresarios L.G.V. e I.H.C. Los delitos que se les imputan, aunque no a todos por igual, son cohecho, prevaricación, malversación y falsedad documental.
Una vez que el tribunal haya resuelto a la vez todos los recursos presentados contra el auto de procesamiento, el tribunal plasmará su decisión en autos que en los próximos días serán notificados a las partes. A partir de ese momento, el señalamiento para el juicio por Matinsreg estará más cerca.
ORIGEN
El origen de esta causa está en la querella interpuesta por el grupo municipal socialista a finales de 2017 y en la que se apuntaba a pagos "inflados" a Matinsreg, empresa a la que supuestamente se había adjudicado 'a dedo' el servicio de las fuentes ornamentales en la ciudad cuando Fernández de Moya era alcalde de Jaén, en 2012.
El auto inicial recogía que Fernández de Moya como alcalde de Jaén "vino ordenando personalmente los pagos a realizar a dicha empresa en contra de los informes y reparos de legalidad que hacía recaer constantemente el interventor del Ayuntamiento". En dichos reparos "se aludía precisamente a la ausencia de todo procedimiento, soporte contrato o relación de toda índole de Matinsreg con el Ayuntamiento de Jaén".
Además, las facturas que la empresa pasaba al cobro recogían supuestamente trabajos que no se habían realizado, o a los que se incluían un número de horas y operarios que no se correspondía con la realidad y materiales cuyo precio en el mercado estaban muy por debajo de lo que luego desde Matinsreg facturaba al Ayuntamiento. De hecho, el perjuicio causado a las arcas del Ayuntamiento de Jaén se ha situado en el entorno de los 4,2 millones de euros.
RECURSOS
Entre todos los recursos presentados, las miradas están puestas en el interpuesto por el Ministerio Fiscal, que ha pedido que decaiga la acusación contra José Enrique Fernández de Moya (PP), como presunto autor de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
El Ministerio Público solicita el sobreseimiento y archivo de diligencias referidas a Fernández de Moya. En lo que se refiere al delito de prevaricación, el recurso de la Fiscalía, al que Europa Press ha tenido acceso a través de la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía, establece que "no existe ningún indicio" que revele acuerdo o concierto previo de Fernández de Moya con el resto de investigados.
Incide Fiscalía en su recurso en que Fernández de Moya, por su condición de alcalde-presidente del Ayuntamiento de Jaén, "es obvio que tuvo conocimiento de la situación", pero reitera que éste "no tuvo intervención alguna en el encargo a la empresa MAtinsreg SLU (o a las otras dos empresas Jofersan Aguas y Elecnor) de la realización de los servicios abandonados por Imesapi SA" ya que los documentos para ello "se confeccionaron durante su ausencia, por ser periodo de vacaciones".
Subraya el fiscal en su recurso de 23 páginas que "ni la designación de las citadas empresas ni el conocimiento que de ello pudiera tener el investigado determina la existencia de un delito de prevaricación administrativa" y añade que los encargos a las mismas se hicieron siguiendo el informe del oficial mayor del Ayuntamiento de Jaén, de fecha 10 de agosto de 2012, sobre tramitación de emergencia.
Sobre el conocimiento del investigado de las posibles irregularidades de las facturas y que pese a ello Fernández de Moya omitiera cualquier acto de comprobación de este extremo, el fiscal apunta que "no consta indiciariamente acreditado que el investigado Don José Enrique Fernández de Moya hubiera tenido conocimiento previo del concierto" entre otros investigados y que participara en "elaborar facturas que incluían de forma sistemática y reiterada servicios no prestados, productos no utilizados y/o con sobreprecios muy elevados".
En varias ocasiones se alude a que Fernández de Moya actuó ante una situación de emergencia, bajo el amparo del informe del oficial mayor del Ayuntamiento y "en la creencia de la veracidad de las facturas presentadas que venían avaladas por los informes de los técnicos", de ahí que firmara el levantamiento de reparos a las facturas emitidas tanto por Matinsreg como por las otras dos empresas.
En lo que respecta al delito de malversación de caudales públicos, Fiscalía sostiene en su recurso que también ha de decaer la imputación por dicho delito pues "ni él sustrajo caudales públicos ni existe indicio alguno en todo lo actuado para atribuirle que hubiere existido un acuerdo de voluntades previo o posterior con alguno o algunos de los demás investigados y hubiere con ello consentido dolosamente que otros lo hicieran".
Por último, en lo que se refiere al delito de tráfico de influencias, el fiscal señala que en los hechos que resultan acreditados indiciariamente de las diligencias practicadas, no hay "hecho alguno en el que se describa una conducta realizada por Don José Enrique Fernández de Moya que pueda integrar la referida calificación jurídica".
Por el momento, ya han registrado escrito de acusación provisional el PSOE, que pide once años de cárcel para José Enrique Fernández de Moya, y el Ayuntamiento de Jaén, que solicita seis años de prisión.
Por su parte, la defensa de José Enrique Fernández de Moya, al igual que ha hecho ahora la Fiscalía, tiene recurrido el auto de procesamiento del juzgado que instruye el caso Matinsreg, "dada la inexistencia de indicios racionales de criminalidad", considerando que "se han dado como hechos probados meras conjeturas" y que se está promoviendo "una pena de banquillo" para el exalcalde y exsecretario de Estado de Hacienda.
De total de nueve investigados y procesados, Fiscalía pide también que decaiga la acusación contra A.M.F. por delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial o ideal con un delito continuado de malversación de caudales públicos ya que "los hechos en los que se basa dicha imputación no resultan acreditados".
