GRANADA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos de la enseñanza pública no universitaria CSIF, ANPE, CCOO y UGT han mostrado este lunes su rechazo ante la reorganización de centros educativos que prevé la Junta de Andalucía para los próximos cursos en la provincia de Granada, denunciando que los rumores sobre posibles cambios, traslados y supresiones de enseñanzas están generando "inquietud y malestar entre las familias y el profesorado".
Según han informado todas las asociaciones en una nota de prensa conjunta, las cuatro organizaciones, a través de sus responsables de Educación, han denunciado la falta de información por parte de la Delegación de Educación sobre este proceso que conllevaría la supresión de centros Semi-D en la provincia (centros que imparten Infantil, Primaria y los dos primeros cursos de Secundaria).
También han pedido explicaciones sobre las modificaciones en el mapa de centros de Profesores y Recursos (CPRs), creación de centros nuevos (los denominados CEIPSO y CEIPSOB) la creación de nuevos centros integrados de Formación Profesional o el traslado de alguno de ellos a otra ubicación.
Los representantes sindicales han criticado que la Administración no haya contado con el profesorado hasta el momento, a través de sus representantes legales, para la elaboración de un proyecto "tan importante en la configuración del mapa de centros de la provincia y de la comunidad andaluza".
También han exigido que se haga un estudio del estado de la situación de la provincia previo a cualquier actuación y que se abran los canales de participación y consenso con las organizaciones sindicales y las familias.
Desde CSIF, ANPE, CCOO y UGT han asegurado que van a "defender hasta la última consecuencia que no se pierdan ni unidades ni cupos de profesorado en nuestra provincia como resultado de estas transformaciones".
"De la misma manera vamos a exigir todas las garantías para los docentes y el alumnado durante este proceso. Estaremos vigilantes y trabajando, entendiendo que es así como en este momento somos más útiles a la comunidad educativa, que necesita información veraz y garantía, no alarma y crispación sin más", han argumentado.
Desde los sindicatos han recordado que tomarán "las medidas necesarias en el caso de que las actuaciones que se quieran realizar por parte de la administración educativa puedan resultar perjudiciales para la calidad de la educación pública y de sus profesionales".
