Una sentencia judicial obliga a la empresa a abonarles los atrasos del pasado año
GRANADA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El comité de empresa de Clece, concesionaria del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Granada, se han encerrado este lunes en las instalaciones de la compañía para reclamar el pago de la nómina de enero y los retrasos del pasado año, una situación que afecta a aproximadamente 700 trabajadores.
Según ha informado a Europa Press el presidente del comité de empresa, Sergio Santander (UGT), el encierro ha comenzado sobre las 7,00 horas y está siendo secundado por unas 17 personas como medida de presión ante la negativa de la empresa a pagar lo que adeuda a cada trabajador, unos 950 euros de media.
Hasta el momento ningún miembro de la dirección se ha dirigido a ellos para tratar de acercar posturas y los afectados advierten de que no cesarán en su actitud hasta "que nos paguen o nos echen".
El presidente del comité comenta que muchos de los trabajadores afectados son mujeres de mediana edad que actualmente son la única fuente de ingresos en la familia, divorciadas con hijos a su cargo e inmigrantes, por lo que la falta de cobro les están posicionando en una situación muy delicada para subsistir.
Santander ha criticado también que la patronal se niegue a pagar después de que el Ayuntamiento de Granada "le abonara la semana pasada 1,2 millones de euros", aunque tampoco se ha mostrado de acuerdo con la posición "incomprensible" de la entidad local, que a su entender están poniendo en peligro "no sólo los puestos de trabajo, sino también la atención a los aproximadamente 3.000 usuarios de la ayuda domicilio en Granada capital".
"No vamos a permitir que se use a los trabajadores como rehenes de los recortes e impagos del Ayuntamiento por un lado, y de la presunta" insolvencia de CLECE, que por otra parte no ha sido capaz de demostrar "con papeles en la mano", añade el representante sindical.
Por eso, además del encierro, el comité de empresa va a plantear a los trabajadores un calendario de movilizaciones y las correspondientes medidas legales y sindicales que aseguren que las 700 familias granadinas afectadas reciban los ingresos que les adeudan.
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