GRANADA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional, en una operación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha detenido a un empresario de 60 años con numerosos antecedentes policiales, a dos de sus capataces en unas fincas de su propiedad en el Poniente de Granada, y a otras diez personas a las que habrían contratado irregularmente para la recogida y almacenaje de productos hortofrutícolas como pimiento, pepino o calabacín.
El dueño y sus capataces, un hombre de 55 años y una mujer de 45, están investigados como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, mientras que, del resto, otras tres han sido detenidas por supuesta usurpación del estado civil y otras siete por posibles infracciones a la Ley de Extranjería, ha informado la Policía Nacional en una nota este viernes.
La investigación tuvo lugar a finales del mes de agosto, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una extensa finca agrícola del Poniente granadino donde podrían estar trabajando en "penosas condiciones laborales un elevado número de ciudadanos extranjeros indocumentados".
Así pues, las averiguaciones se centraron en la actividad laboral realizada en dos parcelas contiguas, con una extensión total cercana a las 39 hectáreas, en cuyo interior existían varios invernaderos y una gran nave industrial. Durante el transcurso de la investigación pudieron comprobar como en dichas fincas se encontraban trabajando varias cuadrillas, ayudadas por la actividad de hasta tres tractores, en la recogida y almacenaje de productos hortofrutícolas.
Los agentes de Policía, en colaboración con los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se personaron en las mencionadas fincas para llevar a cabo una inspección y comprobar la realidad de los trabajadores de las mismas.
Según se pudo averiguar, estas personas estaban siendo "explotadas laboralmente", ya que muchas de ellas no contaban con contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social, realizaban jornadas extenuantes muy por encima de lo estipulado en los convenios laborales y en las que no les estaba permitido "ni un breve descanso", además de recibir un salario muy por debajo de lo fijado para la actividad que desarrollaban.
Por otra parte, la mínima queja o sospecha de bajo rendimiento sería sancionada con el despido inmediato, vulnerando así los derechos sindicales de los trabajadores.
El origen de esta explotación laboral estaría en la situación precaria de estos trabajadores, mayormente extranjeros, a quienes se les hacía creer que al no tener regularizada su situación no podían denunciar esta situación de abuso, a lo que habría que añadir el miedo a posibles represalias por parte de sus empleadores.
El empresario y dueño de las fincas, un varón de nacionalidad española, habría sido el encargado de reclutar a los trabajadores, independientemente de su situación administrativa. Por otra parte, estarían los dos capataces, el primero de ellos, un varón español y sin antecedentes policiales, habría sido el responsable de gestionar y dirigir las cuadrillas de trabajo en las dos fincas.
La otra persona con capacidad de dirección, en este caso una mujer de nacionalidad colombiana, sin antecedentes policiales, habría estado encargada de gestionar la actividad laboral del almacén de la finca. Estas tres personas fueron detenidas y tras prestar declaración fueron puestas en libertad con cargos.
Durante el transcurso de la inspección se detectaron a tres extranjeros empleados en las fincas que presentaron tarjetas de residencia a nombre de otras personas, imputándoseles la presunta autoría de un delito de usurpación del estado civil.
Como consecuencia de estos hechos fueron detenidos un nacional marroquí de 27 años, un mauritano de 41 y un maliense de 40. Igualmente, también fueron detenidos cuatro nacionales marroquíes de entre 26 y 32 años de edad y 3 senegaleses con edades comprendidas entre 24 y 41 años, todos ellos por encontrase en situación irregular en España. Estos diez detenidos han sido puestos, de igual forma, en libertad con cargos.
