CÓRDOBA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CTA en el Ayuntamiento de Córdoba ha interpuesto este viernes en los juzgados dos denuncias, una de ellas sobre la contratación del servicio jurídico en el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) y otra sobre la gestión del Alcázar de los Reyes Cristianos por parte del anterior gobierno municipal.
Según ha destacado el abogado de CTA, Marcos Carrascal, "el juez marcará el camino sobre la posible relevancia penal en estas denuncias", que "en principio deben ir dirigidas contra el expresidente del Imdeco Miguel Reina y el exconcejal de Turismo Rafael Navas", por la gestión del Alcázar, "sin el perjuicio que la instrucción arroje responsabilidad sobre otras personas".
En concreto, ha detallado que la denuncia sobre el Imdeco se refiere a "la prestación de un servicio de asesoramiento jurídico a favor del despacho de abogados Cuatrecasas", y entiende que "hay un fraccionamiento claro de contratos, porque se ha producido una misma prestación de servicios durante tres años y se ha instrumentado a través de distintos contratos menores fraccionados".
Esto, a su juicio, "ha supuesto evitar los controles de publicidad y concurrencia competitiva que obliga la ley en caso de que la licitación se hubiera hecho realmente por el tiempo y el valor que ha tenido", de manera que considera que "se puede producir un delito de prevaricación administración".
Por otro lado, sobre la denuncia del Alcázar, ha advertido de que "se produce de entrada un fraccionamiento de contratos y hay un primer contrato desde 2013 que sí que se licita conforme a derecho, pero en el momento que expira en octubre del año pasado se prorroga automáticamente por decreto del delegado de Turismo Rafael Navas, cuando el propio contrato excluía que se pudiera prorrogar".
Además, ha indicado que "después de la primera prórroga se han dictado decretos de adjudicación de contratos menores para seguir cubriendo el servicio", ante lo cual entiende que "se produce otro delito de prevaricación administrativa", al tiempo que ha comentado que "hay otra serie de irregularidades, como es el hecho de que la empresa encargada del espectáculo hiciera la recaudación de la taquilla durante días que tenía que haber hecho el Ayuntamiento".
Asimismo, ha apuntado a "otras irregularidades, como que no aparece el IVA desglosado en las entradas y han vulnerado la ordenanza municipal respecto al precio, que pueden constituir algún tipo de conducta delictiva de los funcionarios", según el letrado.
