JAÉN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
Metal, Construcción y Afines (MCA), Federación de Industria, de UGT-A ha presentado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, la demanda por conflicto colectivo contra la Junta por los "incumplimientos" del Plan Linares Futuro, con el que se echó el cierre a Santana Motor. Una vía, la judicial, que según ha lamentado, "es la vía de la desesperación".
Tres años y medio después del cierre, un total de 87 trabajadores del grupo B (menos de 50 años) están a la espera de una recolocación o salida digna que les ayude a paliar la situación de extrema precariedad en la que se encuentran, algunos de ellos, sin ningún tipo de prestación económica, según han puesto de relieve este martes el secretario ejecutivo de MCA en UGT-A, Antonio Montoro, y el secretario general de esta federación en Jaén, Javier Perales.
"La vía de la demanda es la vía de la desesperación. No es nuestro trabajo demandar (...) Solo pedimos a la Junta sentarnos, negociar y buscar una salida laboral a este colectivo", ha manifestado el primero, quien ha añadido que, visto que el Gobierno autonómico les "ningunea", han optado "por la vía judicial".
Montoro ha querido dejar claro que el sindicato "en ningún momento" busca como salida las prejubilaciones, sino que lo que quiere "es empleo", de manera que "los terrenos se industrialicen, se inviertan en proyectos y vengan empresas para reactivar la comarca, pero para eso hay que sentarse y tener ganas". No obstante, ha matizado que su pretensión es que "sea un juez el que decida y que, conste, que no queremos ningún beneficio más que ningún parado de Andalucía; sino que cumpla con los extrabajadores con los que tenían un pacto firmado".
El colectivo del grupo B está integrado por los extrabajadores de la factoría, menores de 50 años en el momento de la firma del Plan Linares Futuro, rubricado por sindicatos, Administración y acreedores concursales, y que no pudieron acogerse al plan social. Más de tres años después, están pendientes de una solución.
"Esas personas dejaron sus puestos de trabajo bajo el compromiso de ser contratos en nuevos proyectos. Esas recolocaciones no han llegado y posiblemente no lleguen", ha afirmado Perales, quien ha añadido que por eso tratan de que "al menos esas personas que ahora están en la edad y cumplan los requisitos puedan prejubilarse" y reclaman "otro tipo de medidas" para el resto.
El sindicato ha presentado de manera individual y basado en el artículo 29 de la Ley Orgánica por inactividad de la Administración "que dice que si la Administración tiene contraído algún contrato con algún colectivo, debe cumplirlo
El pasado junio, la federación se presentó ante la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo el requerimiento previo a la demanda que marca la ley. Transcurridos tres meses y sin respuesta alguna por parte de la Administración demandada, lo que se considera silencio administrativo, MCA-UGT ha procedido a adoptar la vía contencioso-administrativa para reclamar el cumplimiento íntegro del protocolo.
