SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -
UGT Andalucía califica de "hito en los derechos de la ciudadanía" la aprobación por el Consejo de Gobierno del Ingreso Mínimo Vital, "una herramienta clave que puede convertirse en el elemento determinante para dar respuestas a todas aquellas familias sin ningún tipo de ingresos".
Así, afirma en un comunicado que para ello "resulta fundamental y esencial la creación de mecanismos de coordinación ágiles entre los tres niveles de administraciones públicas --Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales-- para que este nuevo derecho subjetivo sea efectivo y alcance a todos los potenciales beneficiarios, alrededor de 323.000 personas en nuestra región".
UGT destaca que se trata de un derecho "subjetivo y universal" dentro de Sistema de Seguridad Social, cuyo objetivo "es combatir las altas tasas de pobreza que actualmente azotan nuestro país, que en Andalucía alcanza el 38,2% según la tasa Arope, una de las más altas de España y Europa; y la crisis del Covid-19 ha venido a empeorar la situación debido al confinamiento y cierre de empresas". "Este escenario requiere una respuesta inmediata y unas previsiones presupuestarias suficientes", afirma.
Además, indica que los ayuntamientos "van a jugar un papel importante" puesto que son la administración publica más cercana a la ciudadanía. "Son ellos los que mayoritariamente gestionan los servicios sociales y por tanto identifican las situaciones de pobreza y exclusión a la que puede verse abocada una persona, por lo que resulta necesario un blindaje y refuerzo económico y en recursos humanos de los Servicios Sociales Comunitarios".
Igualmente UGT Andalucía resalta "la importancia de la vinculación con los itinerarios de inserción laboral, aspecto clave para conseguir reincorporar a las personas en el mercado de trabajo". También considera "importante" que los procedimientos de solicitud y tramitación "sean ágiles y accesibles, para que no se generen largas listas de espera como las que actualmente sufre la ciudadanía andaluza en relación a la concesión de la Renta Mínima de Inserción Social".
Por tanto, UGT ve que "esta mala gestión administrativa y la falta de agilidad en los trámites no debe ser una excusa para ninguna de las tres administraciones, puesto que, la situación de emergencia requiere una puesta en marcha inmediata que de estabilidad económica y social a una situaciones de pobreza sobrevenida".
