Viceconsejera de Economía defiende ante el juez mayor control sobre contratos del SAS tras cambiar fiscalización previa

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actual viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y exinterventora general de la Junta de Andalucía, Amelia Martínez, ha asegurado este martes que la elección del control financiero permanente frente a la fiscalización previa en la contratación administrativa del Servicio Andaluz de Salud (SAS) reforzó el control de los contratos de emergencia.

Martínez ha defendido esta tesis, según han precisado a Europa Press fuentes que han seguido su comparecencia como testigo en las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla por la contratación de emergencia por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras la pandemia de coronavirus.

Se examina judicialmente la contratación de emergencia de 242 millones de euros y se evalúa un supuesto caso de prevaricación administrativa en una causa abierta tras una denuncia del Grupo Socialista del Parlamento de Andalucía y de Podemos Andalucía.

El Consejo de Gobierno aprobó el 6 de octubre de 2020 la inclusión de los contratos de emergencia del SAS en el relevo de la fiscalización previa por el control financiero permanente.

En este sentido, según las fuentes informantes, durante las declaraciones se ha vislumbrado que ese acuerdo del Consejo de Gobierno sobre el SAS se hizo sin que figurara una propuesta en ese sentido del entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo, como de un informe pertinente de la propia Intervención General y que se acordó a posteriori en una reunión de la Comisión General de Viceconsejeros.

Otras fuentes han señalado que el propio Reglamento de la Intervención General de la Junta de Andalucía (RGIJA) señala que el informe de reparo es una herramienta de advertencia asociada a la fiscalización previa y que se perdía su uso con el tránsito al control financiero permanente.

Martínez, que ha declarado en su condición anterior de máxime responsable del organismo de fiscalización interna de la Junta de Andalucía, ha sostenido que el cambio de la fiscalización previa al control financiero permamente se tomó en octubre de 2020 ante el volumen de contratación de emergencia que ocasionó afrontar la pandemia de coronavirus y al considerar "débil" las garantías que ofrecía la fiscalización previa de los contratos.

La hoy viceconsejera de Economía ha señalado que también los propios funcionarios de la Intervención esgrimieron la carga de trabajo que implicaba la fiscalización previa de los contratos del SAS durante la emergencia asociada a la pandemia de Covid.

Otro argumento que ha defendido la hoy número dos de la Consejería de Economía y Hacienda es negar la pérdida de 47 millones de euros de fondos europeos en la segunda fase de reforma del hoy Hospital Muñoz Cariñanos, anteriormente denominado Vigil de Quiñones.

Ha esgrimido en este sentido que el propio Ministerio de Hacienda reconoce que Andalucía "ha sobrejecutado" el Marco Comunitario de Apoyo (MCA) 2014-2020 en un 117%. No se ha perdido un solo céntimo de fondos europeos.

La hoy viceconsejera de Economía se ha visto precedida en su declaración como testigo por la entonces responsable de la Intervención del SAS, Blanca Pons, y su adjunta, Victoria López, quienes se han ratificado en el contenido de sus informes, según las fuentes informantes, así como su reconocimiento de que "no hubo menoscabo de fondos públicos".