Actualizado 01/06/2020 9:57:56 +00:00 CET

La viuda del agente asesinado en Granada de un tiro pide "justicia" antes del inicio del juicio con jurado popular

GRANADA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viuda del agente José Manuel Arcos ha pedido que se haga "justicia" en este caso antes del inicio del juicio que tiene previsto comenzar este lunes en la Audiencia de Granada por la fórmula del jurado popular contra el acusado de acabar con su vida pegándole un tiro con su arma reglamentaria durante una persecución en 2018, hechos por los que se enfrenta a una petición fiscal de 27 años de cárcel.

Se trata del primer juicio con jurado popular convocado en España desde que se decretara el estado de alarma por la pandemia del coronavirus y para llevarlo a cabo se aplicarán medidas de higiene, seguridad y distanciamiento social, entre ellas, el uso obligatorio de mascarillas por parte de todos los asistentes y la separación de los miembros del jurado unos de otros a través de una especie de cajas individuales de metacrilato. También, del tribunal, la fiscalía y los letrados.

En declaraciones a los periodistas a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, la mujer del agente fallecido, Raquel Pérez, ha confiado en que en este juicio, que se le hace "muy duro" y para el que ha tratado de "mentalizarse", "se haga justicia" y que el desenlace del proceso se acerque "a lo que sea más justo", tanto por su marido, como por los dos hijos que ha dejado y por el resto de miembros del Instituto Armado.

"Ellos son unos héroes grandísimos pero detrás de ellos hay unas guerreras que nunca los vamos a dejar solos, esto que lo sepa todo el mundo", ha remachado la viuda de este agente, que perdió la vida a los 48 años en la madrugada del 15 de octubre de 2018 en acto de servicio, después de que se iniciara una persecución con el acusado a raíz de que hiciera una maniobra extraña con el coche robado que conducía y en el que llevaba un arma "de guerra".

La mujer del agente ha dicho sentirse "muy arropada" por el Cuerpo desde aquel fatídico día y que "nunca" la han dejado sola. Se muestra consciente de que este juicio "hay que pasarlo, hay que hacerlo" y "cuanto antes pase mejor", por lo que lleva mentalizándose todo este tiempo.

A la llegada del acusado a la Audiencia de Granada se han vivido momentos de tensión durante su traslado a los juzgados, cuando una de las hijas del agente fallecido se ha lanzado hacia él y varios agentes han tenido que impedir que se le acercara.

EL JUICIO

El juicio está previsto hasta el 5 de junio en la Sección Segunda de la Audiencia de Provincial de Granada y la Fiscalía ha solicitado para el acusado un total de 27 años de prisión por delitos de homicidio, daños, robo de vehículo a motor y otro de depósito de armas de guerra.

El fiscal mantiene que aquella noche, sobre las cuatro de la madrugada, el acusado empuñó, en el marco de una persecución, "el arma a corta distancia del agente y, con intención de acabar con su vida, efectuó un disparo hacia la zona situada entre el abdomen y la ingle" que le provocó la pérdida masiva de sangre y el fallecimiento por shok hipovolémico.

La persecución se inició cuando supuestamente el acusado "aceleró" tras darle el guardia civil el alto, junto con la agente en prácticas que lo acompañaba, después de que realizara "una maniobra que resultó sospechosa (...) probablemente porque manejaba un vehículo robado y porque portaba una mochila con un arma" considerada de guerra que arrojó durante la huida.

Junto a la pena de cárcel, la Fiscalía reclama para el acusado el pago de multas por algo más de 2.000 euros y más de 334.000 euros en indemnizaciones para la mujer y los dos hijos que dejó el agente fallecido.

La acusación particular, que ejerce la familia de la víctima representada por el bufete HispaColex, ha solicitado 42 años y medio de prisión; y la Abogacía del Estado, que representa los intereses de la guardia civil en prácticas que acompañaba al fallecido, 37 años.

A ello se suman las acusaciones populares ejercidas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (que pide 23 años) y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil, que se adhiere a la petición del fiscal.

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