Vox exige que "se aclaren las circunstancias y se depuren todas las responsabilidades" del crimen de El Arenal

CÓRDOBA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento de Andalucía para "exigir que se aclaren las circunstancias y se depuren todas las responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales que puedan derivarse del asesinato de Álex Ortega, el joven de 16 años que fue apuñalado mortalmente en Córdoba por otro menor que se encontraba bajo la tutela de la Junta de Andalucía".

En este sentido y en una nota, el diputado autonómico de Vox por Córdoba, Alejandro Hernández, ha señalado que "el presunto autor del crimen había estado internado previamente en un centro de menores infractores de la Junta hasta diciembre del pasado año, cuando pasó a un centro de tutela" y, "apenas semanas después de su traslado, cometió este asesinato que ha conmocionado a toda la sociedad cordobesa".

Hernández ha querido, "en primer lugar, trasladar la solidaridad del grupo parlamentario con los padres, familiares y amigos" de la víctima, pues "perder a un hijo, a un hermano o a un familiar cercano siempre es horrible, pero si encima es un adolescente, con toda la vida por delante, se convierte en una tragedia insalvable. Independientemente de lo que se pueda dictaminar, la justicia nunca podrá compensar tanto dolor", ha señalado.

En este sentido, ha advertido que este crimen "pone en evidencia los graves fallos en el sistema de protección de menores y en los protocolos de seguimiento, supervisión y control de los tutelados por la administración autonómica".

"¿Cómo podía estar un menor tutelado por la Junta en un botellón a esas horas de la noche, bebiendo alcohol y en posesión de un arma blanca de gran tamaño, con su historial de peligrosidad y con antecedentes de conducta violenta, que apenas un mes antes del apuñalamiento había estado interno en un centro disciplinario? Si como dijeron desde la Delegación de la Junta se cumplieron todos los protocolos, es evidente que debemos revisarlos y rediseñar nuevas formas de control y actuación", ha subrayado el diputado de Vox.

Asimismo, Hernández ha criticado que la consejera de Inclusión, Loles López, "desconocía que el menor agresor estaba a cargo de su departamento, llegando incluso a afirmar en sede parlamentaria que se encontraba interno en un centro dependiente de la Consejería de Justicia, lo que demuestra un incomprensible desinterés dada la gravedad del asunto".

Hernández ha afirmado que "si la Junta acepta de plano abonar la indemnización de 450.000 euros a la familia" de la víctima, "debe haber también una responsabilidad política". "Queremos conocer qué ha fallado para evitar que puedan volver a suceder hechos tan luctuosos y que se depure la que entendemos más que evidente responsabilidad política por parte de la Junta y de la Consejería de Igualdad, Menores e Inclusión de Loles López", ha sentenciado.

Por ello, la PNL que ha presentado Vox reclama implantar "un sistema de control más estricto sobre los menores tutelados en centros de protección así como reforzar los protocolos de actuación en caso de ausencias injustificadas". Además, la iniciativa recoge "incrementar la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, garantizando una respuesta más ágil y eficaz ante la desaparición de un menor y revisar la idoneidad de las medidas de tutela vigentes, valorando la posibilidad de establecer centros con mayor nivel de vigilancia y seguridad para aquellos menores que presenten un mayor riesgo de fuga o de peligro tanto para otros menores como para la sociedad".

El diputado ha concluido asegurando que, "además de depurar responsabilidades, existe un debate legítimo en la sociedad en torno a la conveniencia de endurecer las penas y la responsabilidad de los menores, que deriva de casos como éste y de los delitos cometidos por menores extranjeros no acompañados. Es un debate complejo y delicado que habrá que dilucidar en los foros adecuados, y mientras tanto solo podemos confiar en el buen hacer de nuestros jueces a la hora de aplicar la ley vigente".