JAÉN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, advirtió hoy a "cualquier municipio" de que si hay un "uso torticero y fuera de la legalidad" del Fondo Estatal de Inversión Local para el Fomento del Empleo se pondrían en marcha el mecanismo correspondiente para el reintegro de ese dinero.
A preguntas de los periodistas en Jaén, Zarrías recalcó que existe un proceso establecido "claramente en el decreto Ley que establece el fondo" a tal efecto, de manera que "si no se cumplen con los requisitos se procedería al reintegro de los fondos".
El secretario subrayó que esta advertencia no se dirige únicamente a El Ejido (Almería) --cuyo Ayuntamiento sólo ha justificado por el momento la finalización de uno de los diez proyectos que le fueron adjudicados--, sino "también a cualquier otro municipio".
"En cualquier ayuntamiento que no se cumplan los requisitos se pondrían en marcha el mecanismo de reintegro para que de nuevo se recupere un dinero que se está usando de una forma distinta a la que estaba destinado", especificó.
De igual modo, el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, advirtió esta semana de que si el Ayuntamiento de El Ejido ha hecho un uso fraudulento de las inversiones del Fondo Estatal de Inversión Local para el Fomento del Empleo, el Gobierno pedirá la devolución de las mismas y recurrirá a los tribunales.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Chaves señaló que, por el momento, el Ayuntamiento de El Ejido sólo ha justificado la finalización de uno de los 10 proyectos que le fueron adjudicados. Cuando el Gobierno reciba las certificaciones de conclusión de los nueve restantes, los servicios del Ministerio "podrán realizar la comprobación correspondiente", indicó.
Será entonces cuando, de comprobarse un empleo incorrecto de los fondos o indicios de delito, el Ejecutivo pedirá el reintegro de los mismos y pondrá el tema "en manos de la Fiscalía", adelantó Chaves en respuesta a una pregunta del diputado del PP Juan José Matarí, quien recalcó que la principal empresa adjudicataria de los proyectos, la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), "estaba despidiendo a trabajadores al tiempo que recibía fondos".
