La adjudicación a empresas andaluzas se sitúa lejos del 70% necesario para no destruir empleo, según Ceacop

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las adjudicaciones en obra pública en Andalucía descendieron un 15 por ciento en 2008 en comparación al año anterior, por lo que no alcanzaron los 4.000 millones de euros, situación que "ha perjudicado" a las empresa andaluzas que han visto disminuir hasta el 41,5 por ciento las adjudicaciones, lejos del 70 por ciento "necesario" para sostener el empleo en la Comunidad, según el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop).

En rueda de prensa, el presidente de Ceacop, Enrique Figueroa, calificó estos datos de "impresentables" y señaló que, según el Informe de Inversiones en Andalucía realizado por la organización empresarial, "la obra pública no solventa los problemas originados por la caída de la construcción en cuanto que ha descendido el volumen de inversión".

La Administración central es la "peor" parada de este informe pues en 2008 disminuyó un 35 por ciento sus inversiones en Andalucía y el porcentaje adjudicado a empresas andaluzas es del 25 por ciento, por lo que Figueroa indicó que "este precario apoyo gubernamental se traduce en destrucción de empleo y de empresas".

El Ministerio de Fomento, el organismo de mayor volumen inversor, contó en 2008 con la inversión más baja en cinco años y con una cifra de adjudicaciones a empresas andaluzas de un 21 por ciento, "la peor de los últimos tres años". Así, consideró que "Andalucía ha perdido una oportunidad histórica con una ministra y un equipo de Gobierno netamente andaluz" y apuntó que espera que el ministro de origen gallego sea "más sensible" con Andalucía que su antecesora en el cargo.

Por su parte, el Gobierno andaluz ofreció un dato positivo, según Ceacop, al ser el organismo de mayor inversión en 2008, superando a la Administración central. Si bien, esta cifra "no se ha visto reflejada en el apoyo a las empresas andaluzas, pues seis de diez consejerías que han invertido en obra pública han primado a las firmas foráneas".

Dentro del Gobierno autonómico, Figueroa reseñó a la Consejería de Obras Públicas y Transportes que en 2008 adjudicó por valor de 1.161 millones, el 58 por ciento del total de la Junta de Andalucía. Asimismo, señaló que las empresas públicas de esta Consejería realizaron "esfuerzos desiguales" para el crecimiento del entramado económico andaluz, por lo que "el apoyo de Giasa queda diluido por el escaso apoyo que realizan otras empresas públicas como APPA, Ferrocarriles de la junta y EPSA".

A estos datos hay que sumarle las de las consejerías que han adjudicado más a empresas foráneas que a las de Andalucía, como son Salud, Economía y Hacienda, Cultura, Vivienda y Ordenación del Territorio donde las adjudicaciones a empresas, en su mayoría grandes multinacionales, superan de media el 80 por ciento.

En cuanto a las entidades locales, subrayó el desinterés por parte de éstas en publicar los datos de adjudicaciones, como lo obliga la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

MEDIDAS

Tras el análisis del Informe de Inversiones de 2008 de Ceacop, la gerente de la organización empresarial ofreció una batería de soluciones que pasan por el aumento de la inversión pública, pero "planificada, ordenada y controlada", evitar las concesiones privadas hasta la recuperación del mercado financiero a fin de impedir los monopolios de las multinacionales, medidas que aseguren que los precios de adjudicación se ajustan a los costes reales, simplificación de trámites ambientales y unificación de leyes de creación y funcionamiento de empresas en todo el territorio español.

Asimismo, apuntó la elaboración de una ley de obligado cumplimiento para los 8.111 ayuntamientos de España, evitar el "despilfarro" sustituyendo a diputaciones provinciales traspasando las competencias a las comunidades autónomas, ayuntamientos y mancomunidades.

Por último, destacó la reducción de los trámites burocráticos de ciudadanos y empresas y la unificación de sedes de consejerías y demás organismos y eliminación de las delegaciones provinciales de agencias y empresas pública que "no sean necesarias, con el fin de reducir costes de gestión y optimizar los recursos".