SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS) -
El colectivo de monitores escolares, de Educación Especial y contratados a raíz del Plan de Choque puesto en marcha por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía al finalizar contrato con la empresa que había subcontratado en condiciones de precariedad a auxiliares administrativos --cuyo despido ha sido ya en algunos casos considerado como improcedente, lo que supondrá la readmisión por parte de la administración autonómica-- ha hecho entrega a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de un escrito con sus reivindicaciones.
Según ha explicado a Europa Press la portavoz del colectivo, Antonia Sáez, se trata del mismo documento que ya entregaron al Defensor del Pueblo Andaluz, en el que se manifiesta cómo se ha convocado un procedimiento de acreditación para ese colectivo que incumple normativa en tanto que "ni tienen 2.000 horas de experiencia profesional en tres años dentro de los últimos diez, o 300 horas de formación relacionada con las unidades de competencia, ni el nivel de acreditación (nivel III) se corresponde con el de la categoría profesional donde han estado contratados (nivel II)".
Sáez ha expuesto que la presidenta --a la que abordaron en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache, donde iba a celebrarse un acto que finalmente fue suspendido por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco-- "se comprometió a intentar solucionar el conflicto".
Estos trabajadores, por otra parte, han programado darse cita este miércoles a las puertas del Parlamento andaluz coincidiendo con la sesión vespertina de Pleno, con intención de expresar su protesta por la situación.
Sáez ha añadido que aunque aún no hay nada definido al respecto, "si hay que llevar el caso a los tribunales se llevará, es algo que ya se ha tanteado". Ello supondría seguir el mismo cauce que han recorrido los monitores auxiliares a los que la Justicia ha acabado dando la razón, "aunque nosotros somos bastantes más de 840".
Y es que, según Sáez, el colectivo considera que la Junta incurre en un "trato de favor" hacia los monitores de apoyo, puesto que la Consejería se ha comprometido "no solo a no recurrir dicha sentencia, sino a readmitirlos en una categoría profesional que no es equivalente a la de auxiliar administrativo, que es de la que el juez considera que han sido indebidamente despedidos".
En dicha categoría "no se ha demostrado que hayan trabajado, requiere unos requisitos de titulación de los que carecen y pertenece a un grupo profesional superior, lo que supondría también una promoción económica y profesional".
Ello implicaría, además, el "despido" de los monitores escolares que están actualmente prestando servicios por un contrato de obras y servicios hasta que esos puestos fuesen creados en la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería, "tras haber superado un proceso selectivo, cumpliendo lo establecido en el convenio colectivo de personal laboral y los requisitos de titulación de la categoría monitor escolar".
