SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
En el marco del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Nacional por la pieza principal de la macro investigación de los contratos adjudicados a la empresa sevillana Fitonovo, por el presunto reparto de comisiones por parte de sus directivos a funcionarios y responsables institucionales a cambio de tales contratos públicos, un agente de la Guardia Civil secretario de las diligencias de investigación hasta 2016 ha desgranado los pagos, "comisiones" y dádivas recibidos por diversos de los funcionarios presuntamente partícipes de la trama.
La sesión de este martes ha contado con la declaración como testigo de un agente de la Guardia Civil que ejerció como secretario de las actuaciones policiales hasta el año 2016, respondiendo primero a las preguntas de la Fiscalía, según la cual la dirección de Fitonovo "creó una infraestructura operativa y contable para obtener contratos públicos irregulares", habilitando "una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación y creando una contabilidad paralela que se nutría de una facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos".
Durante su labor, según ha testificado este agente, se encargó de elaborar informes acerca de los "cobros" percibidos por "funcionarios" supuestamente implicados en la trama merced a la documentación localizada en "los archivos de la caja B" de Fitonovo, alimentada por la "facturación falsa" de la entidad y con la cual eran acometidos dichos pagos a los funcionarios, según sus palabras.
LOS "INFORMES PATRIMONIALES"
A tal efecto, y junto con el fiscal del caso, ha repasado diversos de tales "informes patrimoniales" sobre los funcionarios presuntamente involucrados en la trama, como el que fuera jefe del servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla Carlos Manuel Podio, quien según figura en la "contabilidad B" de Fitonovo habría recibido "cantidades" de dinero entregadas por el fundador de la empresa, primer presidente de la misma y acusado en este juicio, Rafael González Palomo.
La investigación, según ha manifestado este agente, habría revelado que siendo Fitonovo subcontratada por una unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria de un contrato de la Diputación de Sevilla, la citada entidad habría "incrementado los costes" reales de su labor para "pasar un 7,5 por ciento de su facturación" a Carlos Manuel Podio, es decir que le "daba una comisión".
FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE LA DIPUTACIÓN
Otro de los informes, según ha dicho, versa sobre el exjefe del servicio municipal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Francisco Amores; pesando otro informe sobre el que fuera funcionario responsable municipal del Parque de María Luisa de Sevilla Francisco Luis Huertas y otros con relación al también funcionario municipal Javier Isidoro Gómez; el capataz de Jardinería del Servicio de Parques y Jardines de Sevilla Manuel Pineda Cabanillas o el exconcejal del PP y exdirector del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento hispalense Joaquín Peña.
También ha mencionado al que fuera funcionario de la Diputación de Sevilla Elías Oliver, quien ejerció como jefe de servicio en dicha entidad, exponiendo que recibió "pagos en efectivo" y además "dos vehículos", uno de ellos destinado finalmente a su hijo. Empero, ha precisado que tras adquirir Fitonovo los coches y recibirlos Elías Oliver, el mismo "pagó a Fitonovo la base imponible" del precio de los vehículos, con lo que respecto a los mismos "se ahorró el IVA".
